La Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, de Cataluña, es una medida que parte de la legislación comunitaria europea. Sus principales objetivos son los siguientes:
- Conseguir que Cataluña reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la transición hacia una economía baja en carbono.
- Reforzar y ampliar las estrategias y los planes que se han elaborado durante los últimos años.
- Promover y garantizar la coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, y fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos.
- Convertirse en un país puntero en la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías, y reducir la dependencia energética de Cataluña de recursos externos.
- Hacer visible el papel de Cataluña en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación como en la participación en los foros globales de debate sobre el cambio climático.
La ley establece unas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para favorecer la transición de Cataluña hacia un modelo de desarrollo sostenible y determina que el país se compromete a alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de GEI en un 40 % para el 2030, en un 65 % para el 2040 y en un 100 % para el 2050 con respecto a los valores de 1990.
En verano del 2019, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Generalitat no tiene potestad para marcar objetivos de reducción de emisiones o en la transición energética. La sentencia también ha anulado la prohibición de la fracturación hidráulica (fracking) y echa atrás el propósito de establecer un plan de cierre de las centrales nucleares para el 2027.
El tribunal ha declarado inconstitucionales una quincena de artículos; en cambio, avala algunos de los artículos que impugnaba el Ejecutivo, entre los que destaca la creación del impuesto sobre emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.