Las mujeres sufren especialmente la violencia inmobiliaria generada por la gentrificación. La regulación pública del mercado inmobiliario tendría que incorporar el género como indicador de vulnerabilidad; al mismo tiempo, habría que cambiar la legislación para proteger las tareas reproductivas y de cuidados.
La tensión habitacional en las ciudades es cada vez más violenta, y esta violencia la sienten sobre todo las personas más vulnerables social y económicamente. Si a cualquier indicador de vulnerabilidad se añade el género femenino, ascendemos a las cotas superiores de vulnerabilidad.
Foto: Vicente Zambrano
La gentrificación es un tsunami que violenta las ciudades y expulsa a la población residente y, por tanto, reconfigura la vida, las relaciones y las dinámicas socioeconómicas y culturales preexistentes. Cambia el tipo de personas y, por tanto, también los usos en la ciudad; asimismo, puede llegar a tener un efecto aún más depredador, hasta desertizarla. Los factores principales de este tsunami son de raíz económica y sus efectos en la estructura urbana llegan incluso a las economías más fuertes. La gentrificación es la consecuencia de diferentes actividades extractivas del turismo y del conocido como “efecto caja”: las inversiones a escala global se dirigen a la vivienda en lugar de hacerlo a los activos financieros, lo que provoca cambios de usos de las viviendas o las deja vacías. La gentrificación también es consecuencia de las plusvalías que se regalan a los propietarios de los barrios en los que se han realizado mejoras urbanísticas con capital público, las cuales permiten incrementos de los precios de los alquileres, y eso afecta tanto a la vivienda como al comercio. Los beneficiarios de la gentrificación tratan de extraer el máximo rendimiento económico en la ciudad directa o indirectamente.
La gentrificación funciona centrífugamente: elimina del centro las partículas menos densas, a las personas económicamente más frágiles. A medida que aumenta la velocidad de la centrifugación, disocia completamente los “líquidos” –las personas– de los “sólidos” –la ciudad construida. Este efecto colisiona frontalmente con la tendencia demográfica imperante y universal de habitar en grandes ciudades y de abandonar el campo. Por lo tanto, la tensión habitacional en las ciudades es cada vez más violenta.
La violencia impacta más sobre las personas más vulnerables social y económicamente. Socialmente, porque sin una red de seguridad (amistades, vecindaje y/o familiares) el riesgo de expulsión de la ciudad es mayor, y económicamente, porque la limitación de los recursos no permite quedarse en ella.
Si a cualquier indicador de vulnerabilidad le sumamos el género femenino, ascendemos al top ten del ranking de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les presuponen dos condiciones biológicas que determinan su rol social. La primera condición, ineludible, en la construcción de una mujer es la sumisión. En palabras de Virginie Despentes en Teoría King Kong, “la feminidad es el arte de enseñar a las niñas a ser sumisas”, a esperar en lugar de pedir. Y la segunda condición, de la que es más fácil escapar, es la de “cuidadora perfecta”; a las mujeres se nos presupone la capacidad innata para los cuidados. Una condición va intrínsecamente ligada a la otra, ya que sin ser sumisas y entregadas a los demás no podemos ser las mejores cuidadoras.
Violencia inmobiliaria y roles de género
A partir del rol social que se otorga a las mujeres como cuidadoras se configura para el género femenino una situación económica personal más frágil. El mercado laboral penaliza esta atribución social de cuatro maneras: estableciendo para las mujeres salarios inferiores para los mismos trabajos (brecha salarial), imponiéndoles trabajos a tiempo parcial para que puedan hacerse cargo de los cuidados, promoviendo su desaparición de la parte superior de la escala laboral y fomentando su intermitencia de la vida laboral; es decir, que el hecho de ocuparse de las tareas reproductivas y de cuidados de las personas mayores trae como consecuencia, para las mujeres, un movimiento de entradas y salidas del mercado laboral.
Estas condiciones generan una precariedad que aumenta aún más en la jubilación. Los niveles inferiores de cotización, sumados a la discontinuidad de la vida laboral, hacen que las pensiones no contributivas sean mucho más bajas para las mujeres. La brecha de las pensiones es superior a la brecha salarial. Así, la gentrificación impacta mucho sobre las mujeres mayores de sesenta y cinco años, tal como recoge el Estudio sobre la feminización de la pobreza en Cataluña de 2007, de Comisiones Obreras.
Otro fenomeno creciente que precariza más a las mujeres son las estructuras familiares monoparentales. El 81 % de los hogares monoparentales españoles tienen una mujer al frente. La monoparentalidad es un indicador de vulnerabilidad, dado que los hogares con personas dependientes a cargo de las cuales hay un solo adulto presentan más riesgos de verse enfrentadas a situaciones de pobreza o de conflictividad emocional, por la mayor dificultad de compaginar la vida laboral y la tarea de cuidados.
Por todas estas razones, por lo tanto, las mujeres sufren más la violencia inmobiliaria que genera la gentrificación. Se precisa exigir muchos cambios de forma transversal. Para abordar la violencia inmobiliaria es necesaria, en primer lugar, la regulación pública del mercado inmobiliario de modo que se incorpore el género como indicador de vulnerabilidad. Y, en segundo lugar, hay que cambiar la legislación en temas laborales y de pensiones para que las tareas reproductivas y de cuidados sean remuneradas, o bien conseguir una estructura pública sólida e igualitaria que las sustente. El cuarto pilar del estado del bienestar que tenía que suponer la Ley de la dependencia perpetúa los modelos sociales y simbólicos femenino y masculino.
Desgentrificar para reducir las violencias
Las tareas de cuidado y de reproducción, que han gestionado históricamente las mujeres, se sustentan gracias a una red informal de cuidados que tejen entre ellas. Esta red de solidaridad se forja a través de unos vínculos de subsistencia entre la gente del barrio, del mercado, de las tiendas, de la escuela y de la escalera de casa. Si la gentrificación acaba con estos usos y estas relaciones, destruye los vínculos de solidaridad y conduce a que la reproducción y los cuidados se tengan que llevar a cabo en solitario. A falta del cuarto pilar del estado del bienestar y debido a la destrucción de esta red solidaria, la ciudad se convierte en un escenario apto solo para actividades económicamente productivas. Es necesario, por lo tanto, que en la lucha contra la violencia individualizadora de la gentrificación se sitúe a las personas y todas sus necesidades en el centro de las decisiones de ciudad.
Esta ciudad que se desertiza, no siempre de personas, sino de los vínculos de calidad, incide directamente en la libertad física de las mujeres. La ciudad que pierde vecinos, vecinas y comercio de barrio –en definitiva, red de personas que se entrecruzan, que se reconocen y que, en consecuencia, se cuidan– las expone a un escenario más ciego, mudo y oscuro, donde como mujeres tienen más posibilidades de ser agredidas o, cuando menos, de sentirse más frágiles, más inseguras, y de verse privadas del espacio público.
Cada doce horas se denuncia una agresión sexual, con violencia o intimidación. Más de un 90 % de las personas que sufren esta violencia son mujeres, la mayoría jóvenes y un 22 % menores de edad, según los datos del Balance de seguridad y actividad policial de la Generalitat publicado por los Mossos d’Esquadra en el año 2016. La mixtura de usuarias y la destemporalización del espacio público ayudan a reducir la violencia de género. Es necesario que en las estrategias contra la gentrificación se identifiquen los usos que se permiten en la ciudad, con el fin de tener una cobertura temporal tan amplia como sea posible y que favorezca la máxima diversidad de usuarios y usuarias.
Cualquier política o acción pública que intervenga en el proceso desgentrificador debe implementarse con medidas que tengan en cuenta a las capas más frágiles de la sociedad. Debe velar por la igualdad de derechos y de oportunidades, que las mujeres por sí no tienen. La ciudad que quiere luchar contra la gentrificación debe luchar contra la violencia inmobiliaria, la violencia individualizadora y la violencia de género, y de este modo construir una ciudad mejor para todos.