Las innovaciones tecnológicas y de gestión pueden ayudar a corregir los problemas de las ciudades, pero por sí solas no bastan. Hay que asegurar que estén guiadas por innovaciones en los valores y los fines sociales: no por la búsqueda exclusiva del beneficio privado, sino del bienestar colectivo.

Pérgola solar fotovoltaica en el parque de las Rieres d’Horta.
Foto: Equipo de audiovisuales de Ecología Urbana

Las nuevas tecnologías ambientales y energéticas, la expansión de la economía digital, los servicios emergentes, las nuevas formas de hacer política… En un contexto caracterizado por un incremento generalizado de la desigualdad, la innovación aparece a menudo como una esperanza, como una vía de solución a los problemas ingentes de nuestras sociedades.

Así, se afirma que las innovaciones económicas, sociales, ambientales y políticas podrían no solo contribuir a paliar los efectos de las desigualdades engendradas por el sistema económico, sino que incluso acabarían reduciéndolas: la innovación económica facilitaría la emergencia de nuevos tipos de economía colaborativa que permitirían poner en valor los activos de la población y redundarían en un aumento del bienestar; la innovación social permitiría prestar servicios sobre bases nuevas por parte de las propias comunidades locales, mejorando las condiciones de vida, empoderando a sectores desfavorecidos de la población e, incluso, fomentando formas de organización económica y social alternativas; la innovación ambiental comportaría avances sustantivos para afrontar los riesgos del cambio climático y de la sostenibilidad; los cambios tecnológicos podrían suponer innovaciones políticas decisivas que, mediante la transparencia y la facilidad de acceso a los servicios, posibilitasen una mayor implicación democrática de la ciudadanía.

Unas sociedades aturdidas por la crisis económica y social buscan, pues, en la innovación tecnológica y organizativa la solución a los problemas que las afligen. Pero ¿es sensato confiar la solución de los problemas urbanos a la innovación? ¿Pueden las transformaciones técnicas y la mejora de los procesos de gestión aportar, por sí solas, mejoras sustantivas a las condiciones de vida de nuestras ciudades? ¿La innovación tecnológica es suficiente para avanzar hacia más altas cotas de eficiencia, sostenibilidad, equidad y democracia? Para debatir estas cuestiones resulta interesante descender de la abstracción y centrarse en la observación de realidades concretas.

Cuatro ejemplos barceloneses

Carteles de advertencia contra los efectos negativos del abuso del alquiler de pisos turísticos, en un balcón de la Barceloneta.
Foto: Vicente Zambrano

Uno de los ejemplos recientes más notables de innovación económica es el surgimiento de la llamada economía colaborativa basada en conexiones en la red. En Barcelona, su expresión más visible ha sido el desarrollo de la actividad turística fomentada por la aparición de nuevas plataformas que facilitan el alquiler. Esto ha influido notablemente en el acentuado incremento del turismo, de modo que la oferta actual por estos medios representa ya cerca de un tercio del total. Entre los efectos positivos de la dinámica se encuentra la reducción de la demanda de nueva edificación, la apertura y la socialización de sectores de la población y beneficios económicos. La evolución, sin embargo, no está exenta de problemas y ha generado, incluso, conflictos abiertos en algunos barrios: el incremento del precio de los alquileres, las precarias condiciones laborales de los que trabajan en el sector, la concentración de buena parte de la oferta en manos de empresas y de un número reducido de propietarios, la falta de regulación del sector a efectos fiscales y urbanísticos, así como la mercantilización tanto de las relaciones sociales como de la vivienda, un bien básico.

Otro ámbito que ha conocido en los últimos años un gran desarrollo en Barcelona es el de la llamada innovación social. A raíz de la situación creada por la crisis económica y ante la incapacidad del mercado y las administraciones de garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales, sectores crecientes de la población parecen haber decidido proveerse por sí mismos de dichos servicios. El Mapa de la Innovación Social en Cataluña ha permitido detectar hasta setecientas iniciativas de este tipo, la mayor parte en la región metropolitana. Una vez más, los efectos positivos de tales iniciativas son muy destacados, tanto en lo referente al acceso a los servicios como por lo que suponen de empoderamiento de las comunidades para reivindicar sus derechos y de impulso a formas alternativas de organización social. Pero las limitaciones también resultan evidentes: el riesgo de asistencialismo, la dificultad en definir a las comunidades beneficiarias e incluso eventuales efectos perversos de las conquistas alcanzadas. Por otro lado, el estudio de la distribución social de estas iniciativas muestra que no se concentran necesariamente en los barrios en que viven los sectores más desfavorecidos, sino más bien en aquellos otros que, aun golpeados también por la crisis, disponen de un capital social y una capacidad de organización mayores.

Señalización de la supermanzana de Poblenou, experiencia pionera de una nueva estrategia de gestión del tráfico que incluso ha atraído la atención internacional.
Foto: Vicente Zambrano

La nueva estrategia de gestión del tráfico que se está ensayando en Barcelona es un ejemplo relevante de innovación ambiental que ha atraído incluso la atención internacional. Se trata, como es sabido, de una ambiciosa propuesta destinada a agrupar los bloques urbanizados en supermanzanas en cuyo interior el tráfico motorizado se vea fuertemente restringido y pacificado. Las ventajas del proyecto consisten en una muy necesaria reducción de la contaminación atmosférica y acústica, la promoción de medios de transporte no motorizados, la recuperación de espacios públicos y el avance en la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero. Sus detractores destacan los riesgos de que la mejora ambiental comporte alzas de precios considerables. Así, se confirmaría la tendencia, ya detectada en otras ciudades, a que la mejora de la calidad ambiental se convierta en un vector de gentrificación y de apropiación de los espacios urbanos para usos turísticos.

Finalmente, en cuanto a la innovación tecnológica en la prestación de los servicios y la participación en las cuestiones públicas, resulta evidente que los nuevos desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten avances sustanciales, pues tienen un potencial muy destacado a la hora de aumentar la eficiencia de los servicios y facilitar el control democrático por parte de la población. Sin embargo, los estudios de que se dispone en el caso de Barcelona muestran que la propensión a utilizar estos nuevos medios se encuentra muy desigualmente distribuida entre la población, de modo que los grupos sociales más desfavorecidos, las mujeres, las personas mayores y los que habitan en los barrios más periféricos tienden a emplearlos en muy menor medida. La fractura digital puede convertirse también en una fractura democrática.

La introducción de innovaciones económicas, sociales y tecnológicas abre, por tanto, notables oportunidades para hacer frente a las desigualdades en el acceso a la renta, a los servicios y a la participación en los asuntos públicos. Pero comporta, asimismo, retos en modo alguno desdeñables, ya que estos avances se distribuyen de forma desigual y benefician más a unos sectores de la población que a otros. La visión, tan extendida, que atribuiría a la innovación la posibilidad de resolver por sí misma las desigualdades urbanas y sociales parece, pues, parcial y carente de fundamento. Las innovaciones pueden ser un factor coadyuvante, incluso imprescindible, en la mejora de las problemáticas urbanas, pero en modo alguno parece que hayan de ser suficientes.

La clave de la cuestión radica, probablemente, en asegurar que las innovaciones tecnológicas y de los procesos estén guiados por innovaciones en los valores y las finalidades sociales. Es decir, que el desarrollo de nuestras capacidades esté enmarcado y guiado no por la búsqueda exclusiva del beneficio privado, sino por la del bienestar colectivo. Hay que sujetarlas a un diseño y a un designio colectivo con el fin de que su aplicación no derive en nuevos episodios de desigualdad y segregación urbana.

La innovación tecnológica y de gestión no es, pues, la bala de plata que resolverá todos nuestros problemas. Para ponerla al servicio de la colectividad se necesitará no menos, sino más y mejor gobierno de las transformaciones urbanas; no menos, sino más innovación política.