La cooperativa se creó a finales del franquismo para defender a los trabajadores. Hoy tiene siete despachos y más de ochenta socios en la defensa de la parte débil de la relación jurídica, ya sean víctimas del amianto o de abusos bancarios. Sus cruzadas judiciales se dirigen contra las nuevas exclusiones, la creciente precariedad laboral y el retroceso de los derechos y las libertades.
Un aspecto del espacio de trabajo del colectivo.
Foto: Albert Armengol
Reflexionando a propósito de la inocencia, la culpa y el ejercicio de la abogacía, Fiódor Dostoievski compartió que “el abogado es una conciencia de alquiler”1. No obstante, en el Colectivo Ronda la profesión se vive con menos contradicciones. Es un despacho de larga historia sin réplica en Europa: una cooperativa de trabajo autogestionada de cierta dimensión erigida sobre la defensa exclusiva de la clase trabajadora. “Claro que no se puede hacer una lectura fácil de buenos y malos. No idealizamos a las personas trabajadoras, pero queremos que tengan acceso a unos buenos servicios jurídicos. Aunque somos un despacho independiente desde un punto de vista político y sindical, tenemos una clara dependencia de clase. Se trata de estar al lado de la parte débil de la relación jurídica. Si alguna vez nos dedicáramos a defender empresas, ¿qué filtro pondríamos?”, reflexiona Carme Herranz, presidenta del consejo rector.
Carme Herranz, presidenta del consejo rector del Colectivo Ronda. Foto: Albert Armengol
El colectivo lleva cuarenta y cinco años al pie del cañón, desde que, en el otoño del franquismo, Angelina Hurios, Josep Maria Gasch, Pep Manté, Francesc Gallissà, Joan Lluís Jornet, Jordi Pujol Moix y David Santacana quisieron demostrar que, bajo una dictadura, el mejor ataque podía ser una buena defensa. Dar apoyo a trabajadores desprotegidos era una manera de minar el régimen con pequeñas victorias. Los tiempos agitados de los orígenes, bajo la referencia de pioneros laboralistas como Antoni Cuenca y Francesc Casares, quedan bien reflejados en dos libros recientes: El Col·lectiu Ronda, coordinado por Jordi Pujol Moix, y Sis homenots i una dama, de Ponç Feliu Llansa2.
Pero llegada la democracia, el equipo, bajo una fuerte influencia del cristianismo de base y la izquierda antiautoritaria, enseguida se dio cuenta de que la celebrada Transición no supondría una ruptura en cuanto a las relaciones de poder en la empresa. “Nos opusimos a la Constitución de 1978. Nos parecía que se quedaba muy corta. Se establecía una sociedad capitalista que quería ser homologable a Europa pero con muchas carencias, y se interrumpía cualquier vía hacia el socialismo”, evoca uno de los fundadores, Jordi Pujol, que aún trabaja cuatro mañanas a la semana en el despacho. Mientras dibuja garabatos sobre una hoja en blanco, dice que no cree que quisieran “cambiar el mundo”.
Jordi Pujol Moix, uno de los fundadores del despacho. Foto: Albert Armengol
Sí que ha cambiado, y mucho, la vida de un montón de personas con algunas sonadas cruzadas judiciales, como las que la cooperativa ha llevado adelante en nombre de afectados por abusos bancarios, como el de las participaciones preferentes o el caso Bankia; o por enfermedades contraídas en el trabajo, pero a menudo invisibilizadas, como la asbestosis causada por la exposición al amianto o la electrosensibilidad magnética; o por relaciones laborales no reconocidas por parte de empresas de la nueva economía digital, como las que han denunciado los riders de Deliveroo; o por discriminación de género; o por cierres de fábricas que verían la posibilidad de resurgir gestionadas por la propia fuerza laboral, como Mol-Matric.
Pese a esta diversificación, a menudo se identifica al Colectivo Ronda con sus raíces laboralistas. Albert Vallribera, abogado, acaba de cumplir cuarenta años y se ha incorporado hace poco a este grupo que establece la marca de la casa como socio definitivo, después de trabajar aquí desde 2013. “Yo estaba asqueado de la profesión, había trabajado para otros despachos bastante agresivos hasta que no pude más y me establecí por mi cuenta. Un día me dijeron que aquí necesitaban gente para el área de laboral. A mí me ha cambiado la vida. Por el conocimiento, la colaboración, la organización…, pero también por coherencia”, explica.
Albert Vallribera, recientemente incorporado como socio. Foto: Albert Armengol
Regresión en todos los ámbitos
La singularidad del Colectivo Ronda lo ha convertido en una atalaya desde donde observar la precarización de amplias capas de la sociedad y el retroceso en materia de derechos y libertades. Vallribera confiesa que el trabajo para los abogados se ha vuelto más difícil, pesado y complicado con las últimas reformas laborales, especialmente después de la impulsada por el PP en 2012. “Cada vez nos encontramos con personas trabajadoras con menos antigüedad, con menos indemnizaciones por despido, con menos garantías salariales en caso de insolvencia… La regresión ha sido muy grave”, dice. Es una conflictividad más soterrada que explícita, derivada de la generalización de procesos de externalización, de la irrupción de plataformas digitales… Son signos de que el paradigma de la gran empresa tradicional con trabajo estable y protegido se desmorona. Las batallas judiciales cambian de fisonomía respecto a las que marcaron la idiosincrasia del colectivo en sus inicios, como por ejemplo los conflictos de los estibadores en el puerto de Barcelona o el de la planta de Roca en Gavà. Este cambio tiene una consecuencia destacable: “Aquí vemos vidas muy precarias, más que hace veinte años, y a veces es una precariedad asumida. A menudo la gente tiene la sensación de que ya no vale la pena luchar, se la ha dividido para ganar”, lamenta Herranz.
Una de las vías de actuación, cuando la legislación local no ayuda, es recurrir a la justicia europea buscando nuevas salidas interpretativas, comprobar si se han producido vulneraciones de derechos fundamentales o incumplimientos de directivas europeas.
El trabajo no solo crece como fruto de la precariedad. “Últimamente se genera mucho por motivos que en el pasado no hubieran requerido de ningún abogado”, explica Pujol. Se refiere a un contexto político en que se prohíben camisetas amarillas en un partido de fútbol o se dan casos como el de los tuits de Cassandra Vera, el de los marionetistas o el del rapero Valtonyc. “La ley mordaza y el proceso catalán son exponentes del cambio: se quiere cortar en seco todo lo que cuestiona al Estado”, opina el cofundador.
“Vivo la represión con los ojos abiertos como platos”, coincide la presidenta del consejo rector. “El poder judicial en que confiaba, y que iba funcionando pese a la falta de recursos, ha dado un salto brutal”. Herranz no cuestiona la independencia de los jueces “de calle”, pero sí de los situados más arriba en la estructura: las presidencias de las audiencias provinciales, los tribunales superiores, el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial. Piensa, además, que el Tribunal Constitucional, “que siempre había tendido a ser progresista cuando interpretaba derechos fundamentales, ahora parece un brazo más del Estado”.
Picar mucha piedra
Un centenar de personas –unos ochenta como socios– vive actualmente del Colectivo Ronda. El crecimiento del proyecto explica el salto a una nueva sede, hace seis años, en la calle Trafalgar. Además, el colectivo tiene otros seis despachos por Cataluña y uno en Madrid.
La autonomía de cada uno de los grupos de trabajo en que se ha estructurado (laboral, salud y trabajo, economía social, jurídico y social y servicios generales transversales) es una particularidad gracias a la que la cooperativa ha afrontado los dilemas y retos de crecer sin perder el ADN. Hay un límite: respetar el ideario del despacho, no echar a perder el legado del equipo fundador.
La autonomía se manifiesta incluso a la hora de fijar el sueldo que se cobra. “Los sueldos nos los fijamos nosotros mismos, decidimos dentro del grupo”, explica Vallribera. Lo mismo sucede con las reuniones de grupo, donde la base es hablar con libertad.
Se requiere que pase un año antes de que una persona que haya entrado a trabajar en el colectivo pueda asistir a una de las asambleas para entender el funcionamiento del proyecto. Pero no será hasta al cabo de tres años cuando podrá pasar a ser socio o socia, realizando una aportación de 15.000 euros. Las personas con mayor responsabilidad no pueden cobrar más de 3,2 veces más que las que tienen una nómina más baja. Una de las vías de ingresos recurrentes es el sistema de abonos anuales, que dan derecho a consultas continuadas. Hay cerca de 24.000 abonados que pagan entre 58 y 187 euros al año.
Can Fulló, una masía del siglo XVIII ubicada cerca de Argentona, es otra vivencia especial para los miembros del colectivo. En un ambiente de naturaleza y tranquilidad se celebran las asambleas y las reuniones de estrategia. También tienen lugar programas de formación, algunas fiestas, y cada persona socia tiene derecho a llevar allí a amigos o familia un día al año puramente por ocio. Adquirida por la cooperativa hace tres décadas, Can Fulló ha sido testimonio de sus dilemas sobre el crecimiento, de alguna crisis interna, de la transición generacional ya culminada o de la casi duplicación de los ingresos en la última década, hasta llegar a los 8,5 millones de euros. Pero, sobre todo, de batallas a largo plazo. Herranz lo resume con estas palabras: “Se trata de picar mucha, mucha piedra”.
Notas
1. Fiódor Dostoievski, “Algo acerca de los abogados”. Diario de un escritor y otros escritos. Retoma la idea en Los hermanos Karamazov.
2. Jordi Pujol Moix (coord.) El Col·lectiu Ronda. Una història de lluita per la justícia. Icària. Diciembre del 2017; Ponç Feliu Llansa, Sis homenots i una dama. Icària. Noviembre del 2017.