Descontaminar el cuerpo de los habitantes de las ciudades

Existe una contaminación más sutil e invisible que la del aire y el agua: la que se encuentra dentro del propio cuerpo humano. Los disruptores endocrinos, sustancias contenidas en la comida, en los objetos del hogar y de oficina, en los productos de limpieza y cosméticos, etcétera, se acumulan en el organismo, alteran el funcionamiento de las hormonas y contribuyen a la aparición de la obesidad, la diabetes y el cáncer, así como de problemas tanto reproductivos como del desarrollo del cerebro.

La evidencia científica es clara, pero la mayoría de los gobiernos miran hacia otro lado. La Comisión Europea misma se ha saltado todos los plazos para poner límites a los disruptores: la cuestión no resuelta es la definición de alterador hormonal, definición que determinará modificaciones en cascada de las leyes comunitarias y del registro de sustancias químicas. Mientras, algunas ciudades se avanzan en la empresa de descontaminar el cuerpo de sus habitantes.

 

Los ayuntamientos suecos de Estocolmo y Gotemburgo exigen la ausencia de disruptores endocrinos en los productos adquiridos con fondos municipales. París ha eliminado de las guarderías públicas los biberones con bisfenol A y ciertos tipos de pañales. Barcelona ya no usa en sus parques y jardines el herbicida glifosato. Y nueve ayuntamientos españoles, empezando por el municipio gerundense de Anglès, se han unido formando una red de ciudades que aspiran a liberarse de los alteradores hormonales, denominada “Mi ciudad cuida mis hormonas”.

“Cuando una ciudad, en especial si es grande, toma una decisión de este tipo, eso puede tener un impacto importante en los fabricantes”, afirma Leonardo Trasande, investigador de la escuela de medicina de la Universidad de Nueva York. “Los políticos tomarán decisiones únicamente si la opinión pública cambia, y las acciones de las ciudades harán que los ciudadanos se informen y se hagan preguntas”, argumenta Barbara Demeneix, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés (CNRS). Ambos son investigadores de referencia en disruptores endocrinos.

“Pensemos en el día a día de un niño: si el comedor no se encuentra expuesto a estas sustancias, si cuando sale a jugar no las encuentra en el parque…, realmente se verá reducida su carga de contaminantes”, ilustra Dolores Romano, responsable de políticas de sustancias químicas de Ecologistas en Acción. “Es cierto que a los ayuntamientos les faltan determinadas competencias, pero pueden adoptar iniciativas con un impacto directo sobre los ciudadanos”, añade por su parte Ruth Echeverría, coordinadora de formación e investigación de la Fundación Alborada. Estas dos entidades ecologistas son las promotoras de la red “Mi ciudad cuida mis hormonas”.

Las primeras alarmas sobre los disruptores endocrinos se dispararon hace más de medio siglo. En los años cincuenta y sesenta, los médicos de Estados Unidos observaron que entre las jóvenes que durante el embarazo habían tomado dietilestilbestrol (un estrógeno sintético que solía prescribirse para evitar abortos) había mayor incidencia de cáncer. Por aquellos mismos años se descubrió que ciertas sustancias, denominadas xenoestrógenos, producían la feminización de los animales. Algunas eran naturales, por ejemplo la isoflavona de la soja, pero las que tenían efectos más inquietantes eran las artificiales.

A comienzos de los ochenta, la infiltración de DDT en el lago Apopka de Florida afectó tanto a la capacidad reproductiva de los caimanes que su población se vio reducida drásticamente. Por aquella misma década, los médicos detectaron anomalías reproductivas también en humanos; en concreto, en las víctimas del desastre de 1976 en Seveso (Italia), durante el que se liberó gran cantidad de dioxina. Cuanto mayores eran las concentraciones de dioxina en el cuerpo de los padres, menor probabilidad de que tuvieran hijos varones. Algunas parejas tuvieron solo niñas.

Barcelona tuvo su caso particular. En 1996 un grupo de mujeres de la limpieza del hospital Vall d’Hebron se intoxicó con disolventes y otros productos. Las afectadas tenían más sangrado menstrual, más mastitis, cansancio, hipersensibilidad a los olores, etcétera.

El elemento común a todos estos episodios es que las sustancias implicadas poseen una capacidad especial: la de simular el comportamiento de las hormonas naturales. Las hormonas son producidas por las glándulas del sistema endocrino: una docena de tejidos, desde el hipotálamo del cerebro hasta las gónadas de los órganos reproductores. Las glándulas producen la combinación de hormonas que el cuerpo precisa en cada momento para activar los receptores hormonales de las células y generar los diferentes procesos biológicos.

Un equilibrio muy delicado

El cóctel hormonal tiene un equilibrio delicado: cada ingrediente se encuentra en él en una concentración determinada y muy baja (pocos picogramos o nanogramos por mililitro de sangre). Este equilibrio se va al traste cuando al cóctel se le añade un disruptor endocrino. Las sustancias disruptoras imitan la función de ciertas hormonas o impiden que otras funcionen. Bastan pequeñas cantidades de alteradores hormonales para que estos interfieran en las funciones biológicas.

El cuadro ya estaba claro en 1991, cuando por primera vez un grupo de científicos lo plasmó en la llamada declaración de Wingspread 1. Desde entonces se han ido acumulando evidencias y declaraciones hasta llegar a los documentos de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2012 y de la Sociedad Mundial de Endocrinología de 2015.

“Sabemos que las enfermedades endocrinas van en alza. Cada vez hay más evidencia de que están relacionadas con los disruptores endocrinos. Sabemos, pues, que los disruptores tienen un precio, pero también cómo reducir la exposición humana a ellos”, resume Trasande. “Numerosos estudios […] apoyan la idea de que la exposición a sustancias químicas contribuye a la aparición de desórdenes endocrinos. […] Existen cerca de ochocientas sustancias de las que se sabe o se sospecha que pueden interferir con las hormonas”, reza el informe de la OMS.

El estudio de la Sociedad Mundial de Endocrinología detalla las enfermedades sobre las que existen pruebas sólidas: problemas del neurodesarrollo (como autismo e hiper­actividad), obesidad, diabetes, problemas reproductivos femeninos y masculinos (como baja calidad del semen, malformaciones genitales, nacimientos prematuros…) y cánceres relacionados con hormonas (por ejemplo, de mama, endometrio, ovario, próstata, testículos y tiroides).

El estudio señala las principales sustancias sobre las que existen estudios concluyentes: la atracina y el DDT se encuentran en herbicidas y pesticidas; el bisfenol A (BPA) está presente en latas alimentarias y en la tinta de los tickets del supermercado; los ftalatos, en envoltorios alimentarios, cosméticos, champús y pavimentos de vinilo, y los bifenilos policlorados (PCB) y los éteres difenílicos polibromados (PBDE), en retardantes de llama y dispositivos electrónicos.

La huella química

“Cada país tiene una especie de huella dactilar [de disruptores] en función de sus actividades [industriales]. Una placenta con mucho PCB es probablemente danesa; otra con abundancia de endosulfán, francesa, y otra con mucho monoetil ftalato, española”, explica Nicolás Olea, catedrático de Medicina de la Universidad de Granada.

“Se ha vuelto habitual que la gente lleve dentro suyo ciertas concentraciones de compuestos tóxicos”, constata Miquel Porta, investigador del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM) de Barcelona. “De diecinueve compuestos tóxicos que hemos analizado, nadie cuenta con menos de tres: de media detectamos once por persona”, explica en referencia a una muestra de ciudadanos catalanes de entre dieciocho y setenta y cuatro años. “El DDT, que se prohibió hace treinta y cinco años, se detecta hoy en el 88 ⁠% de la población. El exaclorobenzeno, un fungicida, en más del 90 %”, detalla.

Los disruptores endocrinos funcionan de manera especialmente sutil. En primer lugar pueden resultar peligrosos incluso en dosis muy bajas, puesto que las hormonas que emulan operan también en dosis bajas y dado que los alteradores se potencian entre sí. Por este motivo, la Sociedad Mundial de Endocrinología considera que “no existe umbral de exposición seguro”.

Los disruptores, además, actúan de distinta forma en función de la fase de la vida y del sexo. La OMS y la Sociedad Mundial de Endocrinología coinciden en que los años de infancia son los más delicados, aunque la exposición comienza incluso antes del nacimiento. “Hace muchos años que venimos detectando estas sustancias en el líquido amniótico en el que flota el feto. Existen evidencias de que los disruptores pueden causar una programación prenatal de obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares”, afirma Porta.

Las mujeres sufren más exposición por varias razones. En primer lugar, por el tipo de trabajos: maestras, personal de limpieza, instructoras de piscinas y técnicas de laboratorio, por ejemplo, están más expuestas. En segundo lugar, por el mayor uso de cosméticos y maquillaje. Y finalmente, porque la mezcla hormonal de las mujeres es más sensible a efectos adversos que la de los hombres.

Interés en generar dudas

Pese a la carga de evidencias sobre los alteradores hormonales, este campo sigue abierto a disputas. Por ejemplo, en 2015 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la OMS discreparon sobre la naturaleza cancerígena del glifosato.

“El estado de la ciencia y de la reglamentación es similar al que había sobre el cambio climático hace un decenio. […] Ante la evidencia […] un reducido grupo de cientí­ficos –muchos de ellos con conexiones documentadas con la industria– se han dedicado a generar un clima de duda que no guarda proporción con el nivel real de desacuerdo científico”, escribió Trasande en la revista Nature.

El último documento de la Sociedad Mundial de Endocrinología recibió la aprobación previa de trece mil expertos. “Hay entre ocho y doce científicos, con conflictos de intereses, que están en contra”, apunta Ángel Nadal, catedrático de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y coordinador del grupo asesor sobre disruptores endocrinos de la Sociedad Mundial de Endocrinología.

“El impacto de los disruptores endocrinos sobre la salud es más importante que el que tendría sobre la industria química el reglamentar su uso”, observa Demeneix. Un estudio de 2016 de Trasande estima el impacto económico de los descriptores endocrinos –en términos de costes asociados a las enfermedades por ellos causadas– en 217.000 millones de dólares en Europa y 340.000 millones en los EE.UU.

La situación, según algunos científicos, se asemeja al caso del plomo en la gasolina. Al eliminarse progresivamente este ingrediente entre los años setenta y noventa disminuyó su concentración en el aire y en la sangre de los niños (al principio, el 88 % de los niños de EE.UU. lo tenían en cantidad peligrosa, y al final solo el 1 %). Durante los mismos años, el coeficiente de inteligencia de los niños estadounidenses subió entre 2 y 5 puntos, en parte porque antes el plomo había afectado al cerebro. Traducido en términos de PIB, se estima que la mejora de este coeficiente gracias al descenso del nivel de plomo en sangre supone unos beneficios económicos de entre 110.000 y 319.000 millones de dólares anuales.

Pese a ello, la Comisión Europea ha dejado pasar todos los plazos destinados a poner coto a los disruptores. La cuestión por resolver es la definición de alterador hormonal. En función de la definición que se emplee, habrá modificaciones en cascada de las leyes comunitarias sobre plaguicidas, biocidas y cosméticos, así como del registro europeo de sustancias químicas (REACH).

En junio de 2013 la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea presentó un borrador de definición basado en el trabajo de un grupo de expertos. La aprobación estaba prevista para diciembre de 2013. “Pero el borrador no fue del agrado de la industria, que emprendió maniobras para pararlo. Entonces, en invierno de 2013, la Comisión Europea encargó un estudio sobre el coste socio­económico de aquellos criterios”, explica Dolores Romano. También trasladó el asunto a la Dirección General de Sanidad y Consumo. Pasó el tiempo y, en 2014, Suecia denunció a la Comisión ante el Tribunal Superior Europeo por incumplimiento. A finales de 2015 el tribunal falló que la definición debía publicarse de inmediato. Finalmente, en junio de 2016 la Comisión presentó un nuevo borrador.

La propuesta causó decepción en activistas y expertos. “Se exige un nivel de evidencia mucho más alto que para cualquier otra sustancia”, explica Dolores Romano, de Ecologistas en Acción. Ángel Nadal añade que ese nivel es “superior al que se pide para declarar que una sustancia es carcinógena. En este caso basta demostrar que provoca anomalías en células y animales. Lo mismo quisiéramos para los disruptores”.

Pero tampoco basta con demostrar los efectos negativos de la sustancia, sino que se pide, además, conocer su modo de acción. “Nos encontramos con unos modos de acción muy complejos, como por ejemplo la producción de cambios epigenéticos durante el período fetal o la lactancia, con efectos que aparecen al cabo de los años. ¿Cuánto tardaremos en efectuar todas las pruebas sobre decenas de miles de compuestos?”, argumenta Nadal. Por otra parte, la propuesta europea introduce una exención a priori para los insecticidas.

“La Comisión Europea está demasiado influida por la industria química”, resume Demeneix. Pese a que ya ha modificado la definición cuatro veces, varios países (encabezados por los nórdicos) han impedido su aprobación. En un movimiento que algunos activistas consideran sospechoso, la citada Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria creó en diciembre de 2016 un grupo de trabajo para desarrollar una guía de aplicación de la definición, aunque esta no estuviera aprobada.

Ayuntamientos con iniciativa

No han ido mejor las cosas en los ámbitos estatal y autonómico. Como gesto simbólico, en 2004 la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, hizo analizar una muestra de su sangre: contenía decenas de contaminantes. En 2010 se planteó un plan nacional de salud ambiental, que quedó arrinconado en un cajón. Por lo que se refiere al gobierno de Cataluña, desde 2012 no se han vuelto a monitorizar los disruptores endocrinos en la población, aunque más recientemente se han iniciado conversaciones sobre la reanudación de estos controles, según informa Miquel Porta.

“A escala municipal, todo va más deprisa”, opina Ruth Echeverría. En noviembre de 2016 la Fundación Alborada y Ecologistas en Acción constituyeron la red “Mi ciudad cuida mis hormonas”, que agrupa a nueve ciudades y pueblos que han aprobado mociones para la reducción de la exposición a los disruptores endocrinos: Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Anglès (Girona), Brunete (Madrid), Estella-Lizarra (Navarra), Onda (Castellón), Quijorna (Madrid), Robledo de Chavela (Madrid), San Fernando de Henares (Madrid) y Zaragoza. Algunas más, entre ellas Barcelona, lo tienen en trámite. También tres comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón) han aprobado proposiciones no de ley sobre el mismo tema. Es notable que los gobiernos de estos ayuntamientos y comunidades abarquen todo el espectro político español, desde el Partido Popular hasta Podemos.

El pequeño municipio gerundense de Anglès fue el primero en aprobar este tipo de moción en España, en febrero de 2016. “Tenemos una secretaria con hipotiroidismo, al igual que yo”, explica Astrid Desset, alcaldesa elegida bajo la sigla de CiU. “Ella sugirió que desde el Ayuntamiento instásemos a las autoridades de salud a elaborar una guía para administraciones locales”. Anglès ha eliminado los utensilios de teflón en la cocina de la escuela pública y ha cambiado el menú, ha eliminado el glifosato de la jardinería, ha sustituido el agua embotellada por fuentes con filtros de ósmosis y ha sustituido el jabón de manos de todos los edificios municipales. Pero “no tenemos a nadie que nos ayude a ir más allá”, lamenta la alcaldesa.

En marzo de 2016 Ecologistas en Acción publicó una guía para eliminar los contaminantes hormonales dirigida a las administraciones locales. Las experiencias de municipios de todo el mundo están definiendo un conjunto de prácticas de disminución de la exposición. La medida más popular es la eliminación de herbicidas químicos en parques y jardines. El gobierno de Barcelona (BeC) los ha desterrado desde enero de 2017. Hasta el año anterior se empleaban, por ejemplo, 2.500 litros de glifosato en los tratamientos anuales, en doscientos mil alcorques de árboles y en áreas cubiertas con grava, según informa Izaskun Martí, directora de conservación de Parques y Jardines. En la actualidad, el Ayuntamiento dispone de cuatro máquinas que matan las malas hierbas con vapor calentado y de veinticuatro personas que intervienen manualmente, contratadas por seis meses con un plan de empleo para parados. Además, algunos alcorques se han cubierto con corteza de pino, que evita que crezcan hierbas, o se han sembrado con plantas que son enemigas naturales de las plagas de los árboles.

El Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid) también ha eliminado el glifosato para el tratamiento de las hierbas de las carreteras. Pero algunos ayuntamientos han ido más allá y han aplicado el mismo enfoque a las plagas. Es el caso del pequeño municipio de Brunete: además de prohibir ciertos herbicidas, su gobierno (PP) está sustituyendo los plaguicidas y, así, por ejemplo, los nidos de las procesionarias del pino se eliminan mediante métodos mecánicos, como redes o discos de recogida de las orugas.

En febrero de 2017 Brunete también se comprometió a introducir alimentación orgánica en las guarderías, los comedores escolares y las residencias municipales, y a comprar productos libres de disruptores para las instalaciones públicas. Aunque a pequeña escala, estos son otros dos grandes ejes de las políticas municipales contra los disruptores: eliminarlos de los comedores colectivos y de los suministros públicos de productos, como los de limpieza y los materiales de construcción.

“Los habitantes [de Brunete] están contentos hasta cierto punto. A veces no entienden las medidas. Se precisa mucha labor educativa”, observa la coordinadora de formación e investigación de la Fundación Alborada, Ruth Echeverría, que ha asesorado a este ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Por tal motivo otros municipios, como el navarro de Estella-Lizarra (EH Bildu), han comenzado su proceso de cambio con unas jornadas para formar a los profesionales y comunicarse con los ciudadanos.

Entre las ciudades de fuera de España que están introduciendo cambios se encuentran París e Irvine (California). Las dos últimas administraciones socialistas de la ciudad de París han prohibido los biberones con bisfenol A y ciertos tipos de pañales en las guarderías públicas. La alcaldía actual ha adoptado un plan de salud ambiental (Paris Santé Environnement) que incluye un servicio de asesoramiento en las oficinas municipales sobre compras libres de alteradores de hormonas.

En cuanto a Irvine, la iniciativa surgió de un grupo de cuatro padres comprometidos, que se asesoraron con tres científicos locales y formaron el colectivo Non Toxic Irvine. Después de presentar una petición, el grupo consiguió en febrero de 2016 que la ciudad sustituyera todos los pesticidas y plaguicidas por productos orgánicos.

“Aquí se valora mucho el aspecto de la ciudad y se tolera poco las malas hierbas”, explica Ayn Craciun, una de las madres promotoras. “Pero la gente entendió que no tenía sentido emplear sustancias tóxicas en los jardines donde juegan los niños y los animales domésticos”, añade Bruce Blúmer, profesor de Biología de la Universidad de California-Irvine y asesor del proyecto. Los cinco concejales de la ciudad californiana (cuatro de ellos republicanos) votaron a favor de la eliminación de los tóxicos. “La presión de un grupo potente de padres como el nuestro y los argumentos de los científicos fueron esenciales para convencerlos”, explica Craciun. “Otras ciudades de nuestra región están siguiendo el ejemplo de Irvine”, apunta la concejala Christina Shea, con una experiencia personal previa de cáncer, que desde el inicio apoyó el proyecto. El uso de productos orgánicos ha supuesto un encarecimiento de los tratamientos no superior al 6 %, informa Craciun.

Biomonitorización de sangre

Otra actuación que ya han aplicado varias ciudades del mundo, pero única hasta ahora en España, se está llevando a cabo estos meses en Barcelona. Se trata de la biomonitorización de muestras de sangre de unas 240 personas representativas de la población de la ciudad. El análisis de las muestras, coordinado por el investigador del IMIM Miquel Porta, permitirá estimar la presencia de disruptores en los organismos de la ciudadanía. El proceso se había llevado a cabo con anterioridad en 2002 y 2006. “Habrá que ver si sigue la tendencia a la baja que se registró entre las dos mediciones anteriores”, indica Porta.

“La falta de reglas de alcance europeo deja la pelota en el tejado de las administraciones locales. Estas pueden reducir el uso de ciertas sustancias, fomentar el mercado de alternativas más seguras y, en suma, dar buen ejemplo a los ciudadanos. Las ciudades tienen mucho que hacer en relación con los disruptores endocrinos”, concluye Dolores Romano.