Construyendo el Ayuntamiento de muros de cristal

El gobierno municipal de Barcelona trabaja en diferentes líneas para dar a los ciudadanos más acceso a la información sobre los asuntos públicos, como base para impulsar la participación colectiva en su gestión. La puesta en marcha de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, del Buzón ético y del portal web de Transparencia son algunas de las actuaciones iniciadas con este objetivo.

Se prepara también un código ético de conducta que vinculará a los cargos electos y al alto personal municipal. Asimismo, desde verano se trabaja en la revisión de las normas reguladoras de la participación ciudadana en los asuntos públicos. La normativa que se está desplegando va más allá de lo que pide la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que aprobó el Parlamento de Cataluña en 2014.

El Parlamento de Cataluña aprobó en diciembre de 2014 la Ley 19/2014 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con los votos a favor de CiU, ERC, PSC y PP. Se abstuvieron Iniciativa y Ciudadanos, y la CUP votó en contra. En junio de 2015, durante su discurso de investidura, la alcaldesa Ada Colau hablaba de un Ayuntamiento en que “la gente se sienta protagonista”, y animaba a los vecinos a implicarse en el diseño y la evaluación de las políticas públicas para hacerlas más transparentes: “Queremos un nuevo Ayuntamiento con muros de cristal, porque sin información para el ciudadano no hay democracia posible”, añadía la nueva alcaldesa. La Ley de Transparencia no entró en vigor en los municipios catalanes hasta hace un año, en enero de 2016.

Pero la intención municipal de poner al alcance de la ciudadanía una serie de datos de interés público existe desde 2010, cuando el consistorio de Jordi Hereu presentó la propuesta de lo que después sería el servicio municipal de open data o datos abiertos. Desde entonces, el portal de internet que acoge este servicio ha reunido 330 datasets –paquetes de datos–, según informa la comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento, Francesca Bria.

Pese a que el volumen de datos empieza a ser considerable, desde la Asociación de Archiveros de Cataluña reclaman más coordinación a la hora de establecer una metodología conjunta para clasificar, integrar y estandarizar la documentación, ya que llevan mucho tiempo realizando este trabajo y, a veces, ven cómo se doblan los recursos y la información disponibles en el portal del Ayuntamiento y en el archivo municipal.

También es preciso que el formato en que se encuentran los datos sea reutilizable, es decir, que se trate de hojas de cálculo –no documentos PDF–, para posibilitar el análisis comparado con otros datos y representarlos mejor, apunta la periodista especializada en tecnologías de la información Karma Peiró: “Queremos los archivos originales, no la interpretación que haga de ellos la Administración”, concluye.

Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas

En noviembre de 2015, el gobierno municipal presentó la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas (OTBP), que a través de su herramienta digital, el portal de Transparencia, debe ser el primer garante del gobierno con muros de cristal que anunció Colau en su discurso de investidura.

La oficina depende del área de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia, dirigida por Jaume Asens: “La transparencia nos hace más débiles como gobierno, porque la oposición sabe dónde estamos en cada momento, con quién nos reunimos, lo que hacemos; una información que evidentemente es muy valiosa para ellos. A la vez, sin embargo, nos hace más fuertes”, resume Asens.

El máximo responsable de la OTBP es Joan Llinares, gerente de recursos municipales. Bregado en temas de corrupción, Llinares fue quien ocupó la dirección del Palau de la Música una vez descubierto el fraude de Fèlix Millet a la institución: “La oficina tiene una función dinamizadora y de elaboración, junto con los servicios jurídicos municipales, de la normativa que se está desplegando para garantizar los principios de transparencia y de buenas prácticas”, asegura.

Esta normativa, que va más allá de lo que exige la propia Ley 19/2014, según informa Llinares, previó la creación de un Consejo Asesor de la Transparencia que diese apoyo a la oficina y auditase su labor. El consejo está formado por doce personas, mayoritariamente procedentes del mundo asociativo y la sociedad civil, que no cobran ni un euro por su cometido. Destacan nombres como los de Itziar González, David Fernàndez, Josep Ramoneda, Francesc Torralba, Miguel Ángel Mayo, Gestha (el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) o Simona Levi.

Precisamente el colectivo al que pertenece la activista digital Simona Levi –Xnet, que actuó como acusación popular en el caso Bankia y es responsable de la iniciativa 15MpaRato–, ha sido el encargado de llevar a cabo el servicio de Buzón ético.

El buzón es un instrumento que se ofrece a la ciudadanía para que a su través pueda denunciar cualquier comportamiento ilícito de la Administración o de otros agentes con garantía total de anonimato y protección gracias al protocolo de encriptación de software libre TOR: “El trabajo ha sido tecnológico y ha consistido en modificar los protocolos técnicos en toda la infraestructura del Ayuntamiento, pero también hemos tenido que llevar a cabo una labor educativa sobre esta nueva manera de hacer, que representa un auténtico cambio cultural”, asegura Simona Levi. Se han introducido otros protocolos de trazabilidad mediante los que los denunciantes podrán realizar un seguimiento de los pasos que sigue su acusación, lo que asegura un retorno de la Administración al ciudadano, que podrá denunciar también si su queja se está llevando correctamente: “Intentamos que la gente se haga cargo de su denuncia, que se apodere de ella –asegura Levi–. Tiene que haber maneras para que la participación no sea un martirio. La vigilancia ciudadana no te puede devastar la vida”.

Desde la Oficina por la Transparencia admiten que se ha tardado más de la cuenta en poner en marcha los servicios y en aplicar las normativas. Se preveía inaugurar el buzón este mes de enero, aunque en diciembre acabaron las primeras pruebas técnicas, entre ellas pruebas de resistencia a ataques de hackers y a filtraciones originadas desde el exterior. Según el director de la OTBP, Joan Llinares, se pidió a entidades y personas que intentasen romper las barreras de seguridad para verificar que eran infranqueables.

Un código de conducta general

Del código ético de conducta solo se conoce el anteproyecto presentado en marzo del año pasado. El gobierno municipal ha estado buscando el máximo acuerdo entre grupos políticos y sociedad civil para llevarlo adelante: “Es como una constitución –sostiene el cuarto teniente de alcalde, Jaume Asens–. Todo el mundo lo tendrá que cumplir y, por lo tanto, queremos que lo apruebe también todo el mundo”. La tramitación definitiva comenzó en diciembre y culminará en el Plenario municipal de febrero. De este modo, de cara al mes de marzo el Ayuntamiento ya dispondrá de sus dos principales instrumentos de transparencia y buenas prácticas.

El código servirá para evitar y denunciar los conflictos de intereses, las incompatibilidades, los viajes injustificados o la recepción de regalos que superen los cincuenta euros: “A diferencia de otros códigos éticos que solo son declaraciones de principios y, por lo tanto, brindis al sol, el nuestro va más allá de la ética –mantiene Jaume Asens–. Se trata de un auténtico código de conducta que, si se cumple como se prevé, tendrá unos efectos positivos muy claros”.

El código se destina a todos los cargos electos, al personal directivo del Consistorio, a los órganos de gobierno de las entidades municipales vinculadas e, incluso, al personal eventual del Ayuntamiento y las entidades municipales vinculadas que ocupen puestos de confianza o de asesoramiento.

No siempre la mala praxis política ha sido castigada; al contrario. Conviene recordar la multa de tres mil euros que el Tribunal Supremo impuso a la ONG Acces Info Europe en el año 2012 por haber preguntado al Ejecutivo qué medidas había adoptado España para luchar contra la corrupción. Después de que el Gobierno del PP pusiera en marcha el portal de la transparencia de ámbito estatal, la directora de esta ONG, Helen Darbishire, criticó su funcionamiento: “Para que un país sea transparente es necesario un cambio cultural”.

Smart city versus soberanía tecnológica

La comisionada de Tecnología e Innovación Digital, Francesca Bria, sostiene que la economía digital actual se basa en los datos. Es por esta razón que la mayoría de datos están concentrados en manos de muy pocas empresas, que acostumbran a ser del ramo tecnológico, bancos o compañías de seguros: “Vivimos en la época del Far West de la economía digital: los datos son el petróleo del siglo XXI”, asevera.

La comisionada Bria asume que aún queda mucho camino por recorrer e informa de que el Consistorio está en contacto con otros equipos de gobierno de ciudades como Londres, Nueva York o Helsinki, para compartir experiencias en este campo. “Tenemos que avanzar más allá de los datos estáticos, referidos a un tiempo pasado, para controlar los datos dinámicos de la ciudad, es decir, los que nos hablan en tiempo real de la movilidad o de los niveles de contaminación, por ejemplo –explica–. Unos datos que son útiles para el gobierno de la ciudad, y que han de estar al alcance del Ayuntamiento para que pueda mejorar sus servicios”.

El gobierno municipal presentó en el mes de octubre el plan Barcelona Ciutat Digital 2017–2020. Transició cap a la Sobirania Tecnològica, con un presupuesto de 65,6 millones de euros. Un plan que buscará guiar la transformación digital del Ayuntamiento estableciendo estándares de código abierto y software libre. “Hemos establecido un cláusula que obliga a que todos los datos generados por el contrato con un proveedor externo y las actividades que se deriven de él (limpieza, iluminación, bicing…) deberán mantenerse públicos, porque son de utilidad pública”, informa Bria.

Es necesario, por lo tanto, según la comisionada, diversificar la economía digital para que no esté “en manos de unas pocas compañías, como pasaba con la idea de la smart city, que ponía la tecnología por delante de todo para hacer negocio”. La clave, para Bria, radica en volcar los esfuerzos digitales del Ayuntamiento en la contratación de servicios a pymes catalanas. “Por eso en nuestro plan digital destinamos diez millones de euros a la compra pública innovadora, lo que implica mutar las relaciones del Ayuntamiento con los proveedores para incluir a las pymes”, explica.

Los datos masivos pertenecen a la ciudadanía

Que los datos pasen de ser solo una herramienta de negocio suculento para el sector privado y tengan un retorno público sería un primer paso para alcanzar la soberanía tecnológica. Pero no hay soberanía sin apoderamiento social. Muchos ciudadanos desconocen qué se hace con sus datos personales. “La economía digital viola a menudo sus derechos básicos de privacidad –sostiene Bria–. Aquí tenemos que intervenir, para garantizar que los ciudadanos sean realmente los únicos dueños de sus datos”. Más allá de esto, Bria apela a la necesidad de que el Ayuntamiento ejerza su liderazgo público para determinar las prioridades a la hora de poner la tecnología al servicio de los ciudadanos.

El primer ejemplo que pone Francesca Bria cuando se le pregunta sobre cómo se tendrá que construir el liderazgo público de las políticas municipales a través de la transparencia y la tecnología es el proceso participativo que ayudó a elaborar el Plan de Acción Municipal (PAM) 2016-2019, y que se inició en octubre de 2015 bajo el nombre de Decidim Barcelona. El responsable de proyectos de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), Joan Maria Soler, valora el esfuerzo positivamente: “Ha habido una voluntad clara de poner en marcha procesos participativos por parte del Ayuntamiento, con una intensidad que no se había visto hasta ahora”.

Más de 15.000 personas asistieron a los talleres y encuentros preparatorios, pero el grueso de la participación se llevó a cabo a través del portal de internet Decidim Barcelona, que registró 24.000 altas: “Nunca había habido un PAM con una participación real de la ciudadanía”, asegura la comisionada Bria. Por su parte, Joan Maria Soler, desde la experiencia en participación de la FAVB, relativiza las cifras y valora la experiencia como “cuantitativamente poco lograda”, ya que solo un 2,4 % de los ciudadanos tomaron parte en ella.

Se recogieron 10.860 propuestas de ciudadanos, entidades y asociaciones para incluir en el PAM, de las que, al final, se incorporaron 8.142. El retorno de algunas propuestas incluidas en el plan está resultando un poco limitado, según Soler: “Se crearon muchas expectativas (el proceso duró mucho y fue intenso) y en casos concretos se ha creado frustración. Propuestas que recogieron muchos votos luego han sido interpretadas o cocinadas de un  modo demasiado suave”. Soler pone el ejemplo del cubrimiento de la Ronda de Dalt, que es la propuesta que más votos recogió sobre la problemática y que, según Soler, el Ayuntamiento ha enfocado de una manera muy light, asignando unos plazos demasiado largos. Interrogado al respecto, Joan Llinares afirma que, si el retorno no ha sido el deseado, la razón debe atribuirse a las prioridades presupuestarias y no a que se haya renunciado a cubrir la vía, intención que, asegura, sigue intacta.

Promover la autogestión de los espacios públicos

No hay soluciones mágicas para fortalecer la participación, pero Soler apunta a la autogestión de los espacios públicos: “Ya podemos hacer maravillas participativas, pero si la gente no hace de su barrio un lugar de encuentro no habrá manera de conseguirlo –afirma–. Equipamientos, casals y centros cívicos deberían autogestionarse tanto como fuera posible; las personas han de tener la sensación de que son protagonistas de estos espacios, y no meros usuarios o clientes”.

Desde verano está en marcha el proceso de revisión de las normas reguladoras de la participación ciudadana en la ciudad. Joan Maria Soler explica que la FAVB forma parte de la comisión impulsora del proceso y anuncia que, aunque es muy pronto para extraer conclusiones, la federación llevará a debate sus exigencias históricas en participación ciudadana: “Consejeros de distrito elegidos directamente por la ciudadanía, capacidad para poner en marcha iniciativas legislativas populares (ILP), hacer consultas vinculantes a los vecinos y descentralización del gobierno de la ciudad. Los distritos han de tener capacidad de decisión real en muchos temas que ahora tienen vedados, como por ejemplo en el área de urbanismo”, afirma Soler. El director de la Oficina para la Transparencia, Joan Llinares, también asume que todo está aún muy verde, pero apunta a que la participación “se tendrá que basar en el compromiso de los gestores de rendir cuentas a la ciudadanía”.

El informe Transparència, accés a la informació pública i bon govern, del Síndic de Greuges de Catalunya, de julio de 2016 –la Ley 19/2014 atribuye al Defensor del Pueblo la competencia para evaluar su cumplimento– sitúa a Barcelona como la ciudad catalana de más de 50.000 habitantes más transparente en concepto de publicidad activa, es decir, en el derecho ciudadano a acceder a la información pública. El Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la UAB también evalúa anualmente la transparencia de los ayuntamientos catalanes. En el cuestionario de 2016, el de Barcelona cumple satisfactoriamente los 52 indicadores analizados.

Uno de los ejemplos más claros del cambio en el modo de actuar municipal es el apartado del portal de Transparencia –desarrollado por Civio– en que se pueden consultar en formato abierto y con visualizaciones interactivas los presupuestos municipales desde 2013 hasta la propuesta de presupuesto de 2017, o que permite descargarse en Excel todas las facturas contabilizadas en el Ayuntamiento durante el año 2015.

Habría que preguntarse qué poder real tendría el pueblo si todos los ayuntamientos pusieran a disposición de la ciudadanía esta información y si la gente se sintiera interesada. Un último dato: la empresa privada que más dinero facturó al Ayuntamiento el año pasado fue Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), con 116.155.886,43 euros. Ahora, la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas es la encargada de auditar el presunto fraude de 800.000 euros de esta empresa al Ayuntamiento en el servicio de limpieza.