Aparte de explicaciones sociológicas, culturales y demográficas, nos interesa poner el foco en el urbanismo, la vivienda y el mercado inmobiliario como factores de cohesión social en la ciudad, o, al contrario, de segregación social.
Construcción de un bloque de viviendas protegidas en la Via Favència, en 2010.
Foto: Vicente Zambrano
Vivir en las ciudades es deseado por una parte muy importante de la población –el 74 % de la europea y el 77 % de la española– y lo es de forma creciente. Los motivos de ello son muy diversos, pero entre los más significativos figuran la necesidad de compañía, la facilidad en la obtención de servicios, la riqueza que supone el establecimiento de lazos de relación amplios y la apertura al conocimiento de otros; pero también el deseo de anonimato, de privacidad o de preservación de la intimidad. En definitiva, responde a una voluntad de huir de la soledad, del aislamiento y del gueto, ganando al mismo tiempo libertad de movimiento y de acción. Por lo tanto, la cohesión de la ciudad se basa en asegurar que todos estos deseos son atendidos o que lo son de una manera cuanto más satisfactoria para todos, mejor.
Como principales obstáculos para la cohesión aparecen todos aquellos procesos que llevan a una o varias partes de la población urbana a situaciones no deseadas de aislamiento, de soledad, de cierre, de exclusión, de dificultad de relación o de presentación impúdica de las diferencias. Es por estos motivos por lo que conviene distinguir claramente entre diversidad, que es la fuente fundamental de riqueza humana de las ciudades, y desigualdad, cuando comporta la incapacidad de superar las diferencias que son inevitables en el punto de salida y, por tanto, la perpetuación o incluso el agravamiento de dichas diferencias.
La constatación del crecimiento de la desigualdad –especialmente económica–, sobre todo en la etapa de crisis que estamos viviendo desde 2008, preocupa porque hace más difícil la cohesión. Aparte de explicaciones sociológicas, culturales y demográficas que influyen, obviamente, en los procesos de generación de desigualdad, interesa aquí poner el foco en el urbanismo, la vivienda y el mercado inmobiliario, en tanto que son artífices o responsables destacados de la cohesión o, al contrario, de la segregación social.
El urbanismo es, en efecto, una herramienta de doble filo: puede ayudar a dibujar ciudades bien cohesionadas, integradas y mixtas, o, por el contrario, puede alimentar procesos de exclusión al determinar zonas especiales para capas sociales diversas, generando compartimentación y segregación espacial.
Todos conocemos ciudades ejemplarmente diseñadas que se han convertido en referentes de cohesión, ya que esta voluntad estaba implícita en el planeamiento. La voluntad democrática reflejada en planes urbanísticos integradores facilita la vida cohesionada y solidaria. Y al contrario, conocemos también ciudades en las que se ha querido mantener claramente alejados entre sí a los diversos grupos de población configurados por motivos económicos, de origen o de clase social. Son ciudades insolidarias que no toman conciencia de que la fractura, además de moralmente rechazable, es uno de los riesgos más importantes de desestabilización, conflicto y lucha social.
Una variante del desarrollo de ciudades no cohesionadas consiste en crecer –total o parcialmente– no de acuerdo con una planificación surgida de una reflexión previa, sino siguiendo un curso espontáneo, desordenado, sin control, con unas pésimas condiciones estructurales urbanísticas y unos requerimientos de calidad constructiva escasos o nulos. Muchos de nuestros barrios presentan unas situaciones negativamente diferenciadas porque arrastran unos vicios de origen que han determinado todo su desarrollo, pese a haber vivido, a menudo, procesos de regeneración urbana.
Pero el mercado inmobiliario –inevitablemente vinculado a las características urbanísticas y constructivas de las viviendas– también ha contribuido a perpetuar y exacerbar las diferencias territoriales. La mala calidad de los parques de vivienda, ya sea por la pésima construcción originaria, ya sea por la antigüedad y el mantenimiento insuficiente de los edificios, es una de las heridas por donde se infiltran los virus de la desigualdad: la población que vive en los barrios degradados quiere marcharse y lo hace tan pronto como se le presenta la oportunidad, y así da entrada a nuevos residentes que, normalmente, están en una situación todavía peor. El fenómeno se ve potenciado por otras causas, como por ejemplo que la llegada de población nueva, difícil de integrar, estimula aún más la salida de la población originaria. Estos barrios se vuelven guetos de facto, que fácilmente caen en una espiral negativa que los lleva a empeorar.
Pancarta de protesta contra los excesos del turismo.
Foto: Vicente Zambrano
Anuncio de un piso de alquiler en el barrio de la Barceloneta.
Foto: Vicente Zambrano
El precio de la vivienda, nuevo factor de exclusión
En los últimos años estamos asistiendo de una manera clara al agravamiento de las desigualdades dentro de las ciudades, primero a causa de la burbuja inmobiliaria y luego por la crisis. La brecha que se abrió entre precios de la vivienda y salarios de las familias durante el crecimiento de la burbuja no se ha cerrado durante la crisis, ya que el efecto benéfico que habría tenido el ligero descenso de los precios de los pisos (tanto de compra como de alquiler) se ha visto anulado por la caída de los ingresos. Y, puesto que se constata una fuerte correlación entre ingresos más bajos y superior incidencia del coste de la vivienda, este último se ha convertido en un nuevo elemento de exclusión social y de desigualdad en la medida en que se ha ido alejando de los niveles asumibles económicamente por los hogares, sobre todo en los barrios o zonas en que hay más precariedad laboral y unos niveles inferiores de renta.
La falta de una política de vivienda que equilibre los efectos perturbadores del mercado inmobiliario con una oferta de vivienda asequible para los que no pueden seguir la dinámica del mercado hace que algunos barrios o zonas concentren una población sometida a una doble penalización: menores recursos económicos y más paro, y, simultáneamente, un coste relativo de la vivienda más alto. Lleva, en definitiva, a que se concentre población con un mayor riesgo de pobreza.
La Comisión Europea define como situación de riesgo de exclusión social la de las familias que soportan un sobresfuerzo en vivienda, es decir, que destinan más del 40 % de los ingresos a pagar la vivienda y los suministros. Pues bien, en España la tasa de sobresfuerzo en vivienda es hoy del 10,3 %, pero desciende al 0,2 % en el caso de los hogares situados en los tramos más altos de ingresos, mientras que sube al 41 % en el de los hogares con ingresos más bajos. En el caso de los hogares que ocupan viviendas de alquiler a precios de mercado (el 99 % de todos los hogares en régimen de alquiler en nuestras ciudades), el sobresfuerzo llega al 50,4 % –la tasa más elevada de todos los países europeos.
No será posible aplicar planteamientos realistas a la lucha contra la desigualdad social si no se sitúan en el centro del debate la precariedad del alojamiento y las dificultades para acceder a la vivienda, por motivos económicos, de una gran parte de los hogares. La igualdad de oportunidades queda absolutamente vulnerada no tan solo según los parámetros más comúnmente aceptados como la educación y el mercado laboral, sino también por la falta de vivienda a un precio asequible.