La Oficina por la No Discriminación (OND) detectó los hechos en octubre del 2019 a raíz de una comunicación a través del sistema de quejas del Consistorio, en la cual un ciudadano denunciaba que el anuncio incluía como requisito para poder acceder al alquiler ser persona española y pedía que se estudiara como posible caso de racismo inmobiliario.

Una vez analizado el anuncio, la OND remitió el caso a la Unidad de Disciplina y Antiacoso Inmobiliario del Ayuntamiento, creada en el 2015, que abrió un expediente sancionador contra los anunciantes, los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) y el portal Idealista, donde se había publicado el anuncio.

El Ayuntamiento de Barcelona tramitó el expediente y comunicó la sanción por vulnerar la Ley catalana del derecho en la vivienda y contravenir la legislación internacional y europea en materia de derechos humanos. El agente de la propiedad inmobiliaria y el portal Idealista impugnaron la sanción en el juzgado de lo contencioso-administrativo, que ahora se ha pronunciado con respecto a una de las partes denunciadas y ha ratificado la sanción municipal.

La sentencia del juzgado barcelonés es la primera que se dicta en el Estado español por discriminación en el acceso a la vivienda en ejercicio de la tutela administrativa.