Hacia una movilidad más sostenible y segura

01/02/2017 10:11 h

Ajuntament de Barcelona

En la sesión plenaria del Pacto por la Movilidad se ha reclamando una ley para financiar el transporte público y el despliegue de una ley autonómica. En la reunión, en la que han participado 90 entidades vinculadas a este ámbito, se han defendido acuerdos que tienen que conseguir una ciudad menos contaminada y más eficiente y accesible, como la congelación de tarifas o el acuerdo para financiar dos estaciones de la línea 10 sur.

En este sentido, la alcaldesa de Barcelona ha defendido que se tiene que invertir en transporte público para conseguir una ciudad más saludable y sostenible, y también porque «es una de las principal herramientas para garantizar una ciudad más equitativa, con el mismo servicio para todo el mundo y todos los barrios de la ciudad”. Al mismo tiempo, ha reclamado una ley estatal que permita una financiación estable, suficiente y ajustada a las necesidades en materia de transporte público y que la Generalitat despliegue la ley autonómica. “Ya llevamos muchos esfuerzos acumulados que salen de nuestros propios recursos, y eso a la larga no es sostenible”, ha manifestado.

Al mismo tiempo se está trabajando en el Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2013-2018, que tiene como objetivo fomentar la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público y reducir un 21% el uso del vehículo privado. Con las medidas implantadas, como el protocolo de medidas para combatir la contaminación, la mejora de la infraestructura ciclista o la implantación de la superisla piloto del Poblenou, este 2016 se han incrementado un 4,4% los viajes en autobús en la ciudad y un 14% los desplazamientos en bicicleta.

Además, se está trabajando a largo plazo para elaborar un nuevo plan de movilidad urbana para los años 2019-2024 que dé continuidad al actual y consolide los objetivos previstos. El nuevo plan seguirá contemplando el modelo de superislas y teniendo como objetivos transversales la movilidad segura, sostenible, equitativa y eficiente. El nuevo documento incorporará los temas de contaminación y los temas tarifarios como elementos centrales. El calendario prevé la elaboración de la diagnosis durante el primer semestre del 2017.

Más Información