Las necesidades básicas de las ciudades quedan fuera del nuevo Plan Estatal de Vivienda

El Plan Estatal de la Vivienda 2018-2022 ha ignorado las reivindicaciones y necesidades de las ciudades y no incluirá las alegaciones que presentaron las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Cádiz, La Coruña y Santiago de Compostela. La tendencia a la baja de las políticas de vivienda ha supuesto un recorte de 1.000 millones de euros en los últimos ocho años.

07/03/2018 19:50 h

Redacció

VÍDEO. Ada Colau: “Exigimos que se aumente la duración de los contratos de alquiler, garantizar la estabilidad de los inquilinos e inquilinas y que el presupuesto estatal de vivienda suba a 2.000 millones este mismo año.”

Los siete ayuntamientos presentaron conjuntamente una serie de propuestas y de alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que se basaban en el hecho de que los problemas que se generan por la falta de inversión y por la falta de un proyecto de políticas públicas de vivienda del Gobierno del Estado recaen en los municipios, y que las administraciones locales tienen que atender las consecuencias de las subidas indiscriminadas del precio de los alquileres y de los desahucios, y los problemas que se generan por la falta de un parque de vivienda público y de precio asequible de alquiler.

El trabajo conjunto culminó en el mes de diciembre, en el que los concejales de vivienda de los siete ayuntamientos se reunieron con el secretario de estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, para exponerle y argumentarle las propuestas presentadas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Estas propuestas, sin embargo, han sido ignoradas, y por este motivo hoy se ha presentado un manifiesto conjunto en el que estos municipios reivindican lo siguiente:

  1. Romper la tendencia de recortes del Estado de los últimos años con respecto a la vivienda, que han supuesto una reducción del 70 % de la partida presupuestaria. La inversión tendría que ser del 1,5 % del PIB, empezando con 2.000 millones de euros este 2018.
  2. El parque público de vivienda en España es insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Es imprescindible incrementar el presupuesto y las líneas de financiación del ICO para ampliar la oferta de vivienda asequible.
  3. Exigir la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para alargar la duración mínima de los contratos de alquiler y regular su precio.
  4. Ampliar la gama de creación y de acceso a la vivienda asequible. Hay que potenciar nuevos modelos de titularidad pública del suelo como la covivienda y la cesión de uso.
  5. Obligar a la Sareb y a las entidades financieras rescatadas con dinero público a incorporar sus inmuebles en el fondo de vivienda social de alquiler.
  6. Prever ayudas para rehabilitar viviendas de pequeños propietarios y establecer una norma para que estas medidas no supongan un incremento desproporcionado del precio del alquiler.
  7. Impulsar medidas fiscales que pongan fin a las exenciones de tributos y bonificaciones fiscales de las socimis, ya que repercuten negativamente en el mercado del alquiler.

El Ayuntamiento ha impulsado durante este mandato la construcción de 4.400 viviendas, de las cuales 3.600 serán de alquiler público. Eso supone una inversión de 360 millones, asumida solo por el Ayuntamiento.

Por otra parte, el Ayuntamiento está financiando, con más del 90 %, el gasto de las diferentes políticas de vivienda, como las ayudas a la rehabilitación o las ayudas para pagar el alquiler.

Con respecto a los desahucios, entre el 2015 y en el 2017 la evolución en la ciudad ha sido:

  • Total: −19 %
  • Hipoteca: −34 %
  • Alquiler: −17 %
  • Otros: −4 %

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