Ningún honor para Miquel Mateu, el primer alcalde franquista

El franquismo marcó el Ayuntamiento de la ciudad con una dura política represiva y de purga después de la victoria del bando nacional, en el año 1939. Con la voluntad de restablecer la institución y a las personas que trabajaban en ella, se han iniciado los trámites para revocar la Medalla de Oro de la Ciudad otorgada al primer alcalde franquista, Miquel Mateu, y para anular los expedientes municipales de depuración de más de 1.600 funcionarios y funcionarias municipales.

16/04/2018 15:11 h

Redacció

La doble iniciativa persigue centrar la atención en la depuración franquista del personal municipal, dada la relevancia política y simbólica que tenía el Consistorio. La decisión se ha anunciado en plena celebración de la Primavera Republicana, que hasta el 21 de abril llena las calles de la ciudad con diferentes actividades, espectáculos y nuevas señalizaciones de memoria.

Este doble acuerdo se debatirá la próxima semana en la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía y Participación y se aprobará formalmente en el Plenario del 27 de abril. Entonces se informará a las personas represaliadas o a sus familias en el caso de que ya hayan fallecido, además de publicarlos en la Gaseta Municipal de Barcelona, en el BOP y también en la web de Programas de Memoria.

El otorgamiento de la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona a Miquel Mateu se acordó en Consejo Plenario en la sesión del 15 de abril de 1945. La retirada se suma al acuerdo del Plenario del mes de marzo del 2017 de revocar la adjudicación de esta distinción al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa, concedida a finales de la dictadura.

Resarcir al Ayuntamiento de la oscura época del franquismo

Miquel Mateu Pla, empresario del metal y miembro de la burguesía catalana además de hijo del fundador de la Hispano-Suiza, fue el primer alcalde falangista de la ciudad y máximo responsable de la represión de los trabajadores municipales. El proceso se produjo al amparo de la ley franquista para la depuración de los funcionarios y las funcionarias públicos de 10 de febrero de 1939 sin las mínimas garantías de defensa para las personas implicadas.

Todo el personal nombrado antes del 18 de julio de 1936 fue reclamado para solicitar su reingreso, mediante una declaración jurada y un cuestionario de entre 21 y 23 preguntas con relación a su perfil profesional, ideológico y moral. Agentes informadores contrastaban el expediente resultante, y en los casos en que tenían sospechas, se interrogaba a al entorno personal y profesional de los funcionarios. También fue una práctica habitual incentivar las denuncias de comportamientos sospechosos o actividades ilícitas de otros compañeros.

Como resultado, más de 922 funcionarios y funcionarias fueron destituidos, algunos por incomparecencia, ya que se exiliaron o renunciaron a los cargos cuando supieron que estaban marcados como republicanos, y 696 personas más fueron sancionadas e incluso inhabilitadas por cargos de mando.

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