Esta sentencia es una victoria importante en la lucha por el bienestar animal: es la primera vez en la historia del Estado español que se condena a una tienda por este delito. Tanto el Consistorio como el Ministerio Fiscal pedían entre 13 y 18 meses de prisión, la pena máxima que se puede imponer con la aplicación del artículo 337.1 del Código penal, que recoge el delito de maltrato con resultado de muerte.

El Juzgado de lo Penal 28 de Barcelona reconoce en la sentencia todas las evidencias aportadas, tanto los informes municipales de la inspección como los informes periciales que aportó la Fiscalía, y acredita que los acusados sabían que no se ofrecía un tratamiento médico adecuado a los animales, sobre todo con respecto a enfermedades graves que provocaron la muerte de varios cachorros.

En el 2015, a raíz de una inspección del Departamento de Protección de los Animales y la Guardia Urbana, se decomisaron 135 crias de perro y de gato de esta tienda. Esta inspección fue motivada por la denuncia de la entidad animalista FAADA, que había recibido reiteradas quejas de compradores que adquirieron en esta tienda cachorros que murieron al cabo de pocos días.

El Departamento de Protección de los Animales del Ayuntamiento de Barcelona ha promovido desde el año 2013 el cierre de siete establecimientos y el decomiso de quinientos perros y gatos.