Una respuesta social a los retos migratorios globales

Desde el 2015 los servicios que intervienen en los asentamientos irregulares de la ciudad se han ampliado y reorganizado para garantizar los derechos de los adultos y de los niños y para luchar contra la irregularidad y la exclusión social de las personas que viven allí.

13/06/2018 12:23 h

Redacció

Actualmente en Barcelona hay 77 asentamientos irregulares, donde viven una media de 536 personas de perfiles y orígenes diversos. Son espacios, generalmente solares o naves industriales en desuso, ocupados por personas que se alojan en estos puntos de la ciudad y establecen allí una actividad económica, normalmente la recuperación de residuos para venderlos después. El número de asentamientos varía a lo largo del año, ya que se trata de poblaciones mayoritariamente itinerantes.

El fenómeno tiene su origen a finales de los años noventa con la llegada de personas del África subsahariana con dificultades para acceder a permisos de trabajo y residencia, y ha ido evolucionando a causa de diferentes factores migratorios, como la ampliación del espacio Schengen; sociales, como el rechazo que sufren algunas comunidades, como la romaní en los países de la Europa del Este, y de actualidad, como la expulsión de migrantes de ciudades del sur de Francia o del norte de Italia.

Atención municipal

En Barcelona existen dos servicios de atención a las personas de los asentamientos irregulares, que trabajan de manera coordinada, por un lado, para garantizar la seguridad, la salubridad y las condiciones higiénicas de los asentamientos, y por otro lado, para asegurar los derechos fundamentales y la cobertura básica de las necesidades de los adultos y de los menores que habitan estos lugares. El objetivo final es encontrar una solución para la exclusión social de estas personas.

Desde el 2015 los dos servicios, la Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares (ORPAI) y el Servicio de Inserción Social de Familias Rom no Autóctonas con Niños a Cargo (SISFA rom), se han reorientado para trabajar de forma más coordinada, y cuentan con más recursos humanos y económicos para dar una respuesta social y jurídica más adaptada a las necesidades de la población de los asentamientos. Entre los principales servicios que prestan está el asesoramiento en la regularización documental, la inserción sociolaboral y la escolarización de los menores.

En el caso de las familias y las personas que viven de manera continuada en los asentamientos, se las acompaña y asesora sobre la posibilidad de acceder a una vivienda social, un proceso de asesoramiento de larga duración por la itinerancia y la actividad económica de la mayoría de las familias.

Entre el 2016 y el 2017 el número de personas atendidas en el SISFA rom pasó de 481 a 594, y a través de la ORPAI unos cincuenta individuos obtuvieron el permiso de trabajo y residencia, gracias a la obtención de un contrato laboral.

Etiquetas asociadas a la noticia

Noticias relacionadas