El Ayuntamiento de Barcelona quiere movilizar 10.052 viviendas desocupadas en la ciudad y destinarlas al alquiler asequible

29/03/2019 23:08 h

Redacció

El desarrollo e implementación del Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016 – 2025 (PDHB) fue el tema central de la sesión plenaria del Consejo de la Vivienda Social de Barcelona (CHSB) que tuvo lugar el jueves 28 de marzo en el Saló de Cent del Ayuntamiento.

Como apuntó durante la presentación del acto el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Josep Maria Montaner, “se está llevando a cabo un cambio de paradigma y ahora toca rendir cuentas de lo realizado, ya que es a partir de los datos y de la información que podemos debatir y discutir si el nuevo paradigma está bien planteado”.

Entre estos datos a las que hacía referencia Montaner –quien se despidió de los asistentes, ya que deja la política a finales de mandato para volver a la universidad y al activismo–, destaca el censo de viviendas vacías elaborado por el Ayuntamiento que permite poder afirmar que en Barcelona sólo el 1,22% del total de pisos de la ciudad están desocupados.

 

Las actuaciones y los datos de 2018

La jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda, Vanesa Valiño, fue la encargada de desgranar las diferentes actuaciones realizadas para garantizar el derecho a la vivienda y los resultados de cada una de ellas.

El censo de viviendas vacías ha permitido conocer que en los 73 barrios de la ciudad hay 10.052 pisos desocupados, “y lo que ahora queremos es movilizarlos hacia el alquiler asequible“. A la vez, el censo también ha permitido detectar otras anomalías, como 881 viviendas turísticas sin licencia, los cuales serán sancionadas.

Durante el 2018, en el marco del PDHB y en especial para garantizar el derecho a la vivienda, la Unidad de Disciplina de la Vivienda ha llevado a cabo diferentes actuaciones –de acuerdo con lo establecido en la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2007 cuando se refiere a sancionar usos anómalos de las viviendas– para detectar las viviendas desocupadas de manera permanente.

En estos momentos hay 22 expedientes en trámite (y 524 expedientes iniciados) a grandes tenedores de pisos vacíos. Valiño puso como ejemplo la sanción de más de dos millones de euros a un edificio entero de viviendas vacías en el Eixample.

En cuanto a acoso inmobiliario, hay 12 expedientes en trámite –donde se ha optado por recurrir a la vía administrativa para sancionar y no a la judicial–, además de otras actuaciones vinculadas con la expropiación por desocupación permanente de la Ley 4/2016; sanciones a las entidades financieras por la falta de inscripción en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante; y por incumplimiento de las órdenes de conservación del Decreto ley de 1/2015.

Asimismo, durante 2018 se ha impulsado un plan de inspección de las viviendas protegidas de la ciudad. De las 16.000 que hay en Barcelona se han inspeccionado 2.091, lo que representa el 13% del parque de vivienda protegida vigente. Se han detectado 217 situaciones anómalas, la mitad de las cuales son por alquilar el piso por encima del precio determinado y no comunicarlo a la Generalitat de Catalunya.

En cuanto a las actuaciones contra la gentrificación, en 2018 se han analizado los 324 planes de realojamiento presentados para garantizar que se respetan los derechos de las personas usuarias. Además, se ha firmado un convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) para asesorar a personas y entidades en relación con el acoso y el incremento abusivo de los precios de alquiler.

 

Ampliación del parque de vivienda asequible

Durante su intervención, Valiño dio las cifras del parque de vivienda pública que gestionaba el IMHAB a finales de 2018: 8.362 viviendas (unas 3.000 viviendas más que en 2015). El precio medio de alquiler es de 211 euros/mes.

Cómo se está ampliando el parque de vivienda asequible fue otro de los temas tratados durante la sesión. En total, el IMHAB ha promovido el último año 40 promociones de obra nueva sobre suelo público con un total de 2.913 viviendas. En global, el Ayuntamiento ha impulsado 72 promociones –más dos de la Generalitat–, que suman un total de 4.600 viviendas municipales nuevas; el 80% de estas viviendas serán de alquiler público, y el 20% restante serán en cooperativas o en sesión de uso, entre otras modalidades que demanda la ciudadanía.

La promoción de obra nueva se complementa con la captación de vivienda privada hacia alquiler asequible. En 2018 se captaron 165 viviendas que han ido a la Bolsa de Alquiler asequible. El alquiler medio para los inquilinos se sitúa en 145 euros/mes, mientras que el canon medio para los propietarios es de 570 euros/mes.

En cuanto a la adquisición de vivienda, el año pasado se adquirieron 68 pisos: 42 provenientes de la compra directa o del ejercicio del tanteo y retracto, y 26 de la cesión de usufructo firmada con la Sareb. Desde 2016 se han adquirido 697 viviendas (por compra directa y usufructo).

 

Innovación en la creación de vivienda

 Otro de los temas que Valiño expuso fue la innovación en la creación de vivienda asequible. Entre las herramientas para lograrlo encontramos la aprobación de la Modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona (MPGM) para destinar un 30% del nuevo techo residencial, en la ciudad construida, a VPO; la licitación conjunta de proyecto y obra que permite acortar plazos; y la modificación del la MPGM para la actualización de la normativa de aparcamientos de las promociones dotacionales y VPO que, como explicó Valiño, “es un contrasentido hacer vivienda con la calificación energética más alta y por otro lado construir aparcamientos, que fomentan una tipo de movilidad poco sostenible y, al mismo tiempo, encarecen mucho el coste de la obra”.

La representante municipal también hizo especial énfasis en el programa de ayudas al pago del alquiler. En concreto, en 2018 se ayudó a 9.500 familias, con un presupuesto total de 23,9 millones de euros, para hacer frente al pago del alquiler con una media mensual de 207 euros/mes.

Las ayudas destinadas a la rehabilitación también han tenido un peso importante en el marco del PDHB, haciendo especial énfasis en las fincas de alta complejidad. En total se otorgaron ayudas a 14.217 viviendas, con una subvención de 32,3 millones de euros.

Para prevenir y atender la emergencia habitacional y la exclusión residencial, en 2018 la Unidad contra la Exclusión Residencial atendió 2.270 unidades de convivencia, al 92% de las cuales se les pudo dar una solución definitiva; el 12% de las unidades de convivencia pudieron quedarse en la misma vivienda.

La Mesa de Emergencias del Consorcio recibió el año pasado 614 nuevas solicitudes, 442 de las cuales fueron valoradas positivamente, pero sólo se adjudicaron 197 viviendas, “lo que significa que hay que disponer de más pisos para la Mesa de Emergencias”.

El último aspecto que destacó Valiño fue el buen funcionamiento de los Puntos de Asesoramiento Energético haciendo asesoramiento a vecinos y vecinas para explicarles qué pagan de cada servicio. En concreto, en 2018 atendieron 13.301 personas y se gestionaron 362 cortes. Además, se gestionaron 25 sanciones a compañías energéticas por cortar el suministro a personas vulnerables.

 

Las aportaciones de la Generalitat

 La directora de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, Judith Gifreu, inició su intervención destacando el valor de un espacio de diálogo como el Consejo de la Vivienda Social de Barcelona. A continuación explicó las principales actuaciones de la Generalitat en Barcelona durante el 2018 “para intentar dar la solución más coherente a los problemas de acceso a la vivienda y para que las familias puedan mantenerse en su vivienda habitual” y los aspectos clave del Decreto ley 5/2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Gifreu explicó que la Generalitat ha invertido 136,9 millones de euros en prestaciones al pago del alquiler y actuaciones para evitar la pérdida de la vivienda en Catalunya, al tiempo que en 2018 evitó 3.519 desahucios.

En el caso concreto de la ciudad de Barcelona, ​​la directora de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, indicó que la Generalitat destinó el año pasado 37 millones de euros a políticas de vivienda en Barcelona. Al detalle, 15,3 millones a prestaciones ordinarias para el pago del alquiler; 8,8 millones a la adquisición de viviendas por tanteo y retracto; 7,8 millones al presupuesto del CHB; 3 millones a actuaciones de rehabilitación; 0,8 millones a prestaciones urgentes y 0,7 millones a ayudas al pago del alquiler a residentes en el parque público, entre otros.

Además, la representante de la Generalitat detalló en diez puntos el Decreto ley 5/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, donde destaca que se regula el procedimiento de expropiación forzosa de viviendas desocupadas y se establece la calificación permanente de las nuevas viviendas de protección oficial integradas al patrimonio público, entre otros aspectos.

 

Turno de palabras

Durante el turno de palabras, representantes de diferentes entidades aportaron su punto de vista. El representante de la Fundación Hàbitat 3, Xavier Mauri, destacó como muy positivo el derecho de tanteo y retracto, “una herramienta complicada, pero que valoramos muy positivamente”, al tiempo que propuso que todo el municipio de Barcelona sea “un área de tanteo y retracto, lo que facilitaría a la Administración o a las entidades sociales poder tener más vivienda social”.

A continuación intervino Filiberto Bravo, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana, que preguntó cuándo se abrirá la nueva oficina de vivienda prevista en la zona, “una zona con fuertes necesidades, con cuatro desahucios a la semana” , explicó.

La directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Irene Escorihuela, tomó la palabra para remarcar el trabajo realizado en todo aquello lo relacionado con el acoso inmobiliario. “Se ha trabajado mucho, ha sido difícil, pero a la vez ha sido provechoso”, remarcó. También preguntó si estaba previsto hacer difusión de las herramientas existentes para luchar contra el acoso inmobiliario en la ciudad.

Durante su intervención, el representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Santi Mas, pidió si había algún plan de choque para dar respuesta a la emergencia habitacional que hay en la ciudad, entre otras cuestiones .

La representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), Eva Martínez, explicó que su entidad ha presentado un documento sobre la situación de la vivienda y mostró su preocupación por un punto del nuevo Decreto ley de la Generalitat, que puede llevar a que la vivienda asequible de la ciudad sea más cara según la ubicación, preocupación que manifestaron otros de los asistentes a la reunión.

En el turno de preguntas también intervino Rubén Domínguez, de la Federación ECOM, quien pidió un trabajo conjunto con las entidades, y Rodrigo Araneda, vicepresidente del Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona, ​​que subrayó la discriminación en el acceso a la vivienda que sufren las personas migradas y los problemas de vivienda que tienen las personas refugiadas que se encuentran en la ciudad.

 

Un órgano consultivo y de participación

 El Consejo de la Vivienda Social de Barcelona es un órgano consultivo y de participación creado en 2007 por el Consorcio de la Vivienda de Barcelona. Reúne periódicamente representantes del gobierno municipal y de la Generalitat con grupos políticos municipales, entidades sociales, colegios y asociaciones profesionales, movimientos vecinales y universidades, entre otros.

En esta nueva sesión se aprobó el ingreso de tres entidades más: el Sindicato de Inquilinos, La Dinamo (entidad que impulsa la vivienda cooperativa) y GHS, Gestores de Vivienda Social de Catalunya.

 

Novedades en el reglamento

 Además de la incorporación de nuevos miembros, durante la sesión también se aprobaron los cambios que se han incorporado en el Reglamento, entre los que destaca que la vicepresidencia segunda recaerá en un representante en materia de vivienda de la Generalitat; que las entidades miembros quedan reagrupadas en ocho tipologías diferentes; que se da más transparencia a las deliberaciones del Consejo, y que la renovación de los representantes se realizará cada cuatro años, entre otras novedades.

Durante la sesión los grupos de trabajo del Consejo –de Reglamento y MPGM; Mesa de Vivienda Cooperativo; Pobreza Energética; Expulsión de vecinos y Consejo de Ciutat Vella– pudieron explicar cómo han avanzado en cada uno de sus ámbitos a lo largo del último año.

 

Llamamiento del Consejo de Ciudad

En el marco de la reunión plenaria del Consejo de la Vivienda Social de Barcelona, ​​dos miembros del Consejo de Ciudad, Joan Vidal y Beatriz Blanco (que a la vez es la presidenta del Consejo de Juventud de Barcelona), explicaron las funciones del máximo órgano consultivo y de participación ciudadana que hay en la ciudad. Asimismo hicieron un llamamiento para animar a los asistentes a participar, ya que se renueva cada vez que hay un consistorio nuevo.