Del derecho a la ciudad al derecho a la metrópoli
- Dosier
- Abr 19
- 8 mins
La mayoría de la población mundial es urbana, y es en las ciudades donde se expresan hoy todas las tensiones y los retos del siglo XXI. Desde un nuevo municipalismo podemos reclamar el derecho a la ciudad y redibujar la geografía de la gobernanza mundial: ciudades y gobiernos locales como alternativas políticas a los mercados globales. Hay que avanzar con determinación política y colectiva hacia un escenario donde sea posible en Barcelona la construcción metropolitana del derecho a la ciudad.
Del derecho a la ciudad...
Bajo los adoquines de la primavera de París no había arena de playa, pero arraigaban semillas de libertad. Y de derecho a la ciudad. Era 1968, y Henri Lefebvre publicaba Le Droit à la ville, en donde planteaba devolver las llaves de un futuro mejor a los tiempos de la cotidianidad y a los espacios de la proximidad. La propuesta implicaba cartografiar la transformación sobre calles y plazas desde las relaciones urbanas. Años después, a la vuelta del milenio, se desplegaban nuevos mapas de revuelta: los movimientos sociales politizaban la globalización y las ciudades emergían como espacios de fraternidad. David Harvey publicaba Spaces of Hope, un llamamiento a trazar geografías urbanas de esperanza, a construir sueños a pie de barrio. Hoy, el derecho a la ciudad vuelve con fuerza, y lo hace de la mano de tres coordenadas globales muy potentes: la era urbana, la relevancia del espacio en los procesos de cambio de época y el nuevo municipalismo.
La sociedad industrial cristalizó en el ámbito de los estados; el tiempo nuevo que vivimos es urbano. Después de la gran recesión, las ciudades se consolidaron como espacios clave en la configuración de la sociedad líquida y la economía digital. En la cumbre Habitat III de Naciones Unidas (Quito, 2016) se constató que la mayoría de la población mundial es urbana. Las ciudades del 2019 expresan todas las tensiones y los retos del siglo XXI: son tan vulnerables a la especulación como innovadoras y cooperativas, cargadas de tantas debilidades sociales como energías comunitarias, responsables del cambio climático y referentes, a su vez, de las transiciones ecológicas más avanzadas. Hoy en día se hace tangible la hegemonía del fenómeno urbano: las ciudades se convierten en el epicentro de la cotidianidad, el lugar donde se organiza la disputa entre el miedo y la esperanza.
En el marco de esta era urbana, el cambio de época despliega una nítida dimensión espacial. Las lógicas del cambio sociocultural perfilan un escenario de complejidades e incertidumbres vitales –en las esferas familiar, laboral, afectiva, residencial...– que impulsan el fortalecimiento de la dimensión de proximidad del estado de bienestar (acogida, organización de los cuidados, ciclos de vida...). Las lógicas del cambio socioeconómico, por otro lado, sitúan la financiarización de la vivienda en el núcleo de la acumulación y dibujan un escenario de burbuja inmobiliaria, riesgo de exclusión en el ámbito de la vivienda, gentrificación y segregación residencial que llaman al fortalecimiento de la agenda urbana del estado de bienestar (vivienda social y control de alquileres, regulación de usos turísticos, mejora de barrios con herramientas de defensa del vecindario...). El derecho a la ciudad, como dimensión cotidiana y comunitaria de todos los derechos básicos, gana fuerza como espacio de reconstrucción de una ciudadanía para el siglo XXI.
El cambio de época genera las condiciones para un modelo social menos jerárquico en sus políticas. Y también más municipalista en su arquitectura: el municipalismo como la dimensión institucional de la nueva espacialidad. Vivimos un tiempo en el que la política tiene problemas para procesar los cambios; aparecen lógicas de involución y escenarios estatales de repliegue autoritario. Pero avanza también, en el campo progresista, la alternativa municipalista: gobiernos de proximidad –en interacción con prácticas de innovación social y movimientos urbanos– como ámbitos de empoderamiento colectivo, ampliación democrática y recuperación de las instituciones. Toman relevo redes globales (CGLU, Eurocities, C-40, Sharing Cities, Cities for Housing...) donde las ciudades van tejiendo aprendizajes y agendas municipalistas que abordan cuestiones estructurales (desigualdades, migración y derechos humanos, cambio climático...). El municipalismo redibuja la geografía de la gobernanza mundial: ciudades y gobiernos locales empiezan a convertirse en sujetos políticos que vehiculan alternativas en los mercados globales y en las fronteras estatales. Las ciudades del siglo XXI como proyectos de cohesión donde poder articular vínculos con diferencias; el nuevo municipalismo como proyecto humanitario, donde poder generar a la vez comunidad y acogida, y los territorios posibles de encuentro entre apertura y protección, donde poder construir equidad y reconocer identidades.
En la metrópolis se produce el combate entre habitabilidad y especulación, entre justicia socioespacial y gentrificación, entre miedo y esperanza.
... al derecho a la metrópoli
La mayoría de la población del planeta vive en las ciudades, y la mayoría de la población urbana lo hace en las metrópolis, en asentamientos humanos policéntricos por encima del millón de habitantes y en rápida expansión. Construir el derecho a la ciudad, por lo tanto, no puede dejar de implicar procesos a escala metropolitana. Y en este ámbito se produce hoy el combate entre habitabilidad y especulación, entre justicia socioespacial y gentrificación. Se despliega la disputa entre exclusión económica y formas cooperativas de producción y consumo, entre el cambio climático y el respeto a los límites ambientales del planeta (movilidad sostenible, emisiones cero, agroecología urbana...). En el siglo XXI, el derecho a la ciudad es también el derecho a la metrópoli.
Está en marcha, como hemos visto, un proceso de fortalecimiento del gobierno local, de construcción municipalista del derecho a la ciudad. Los ámbitos metropolitanos, incluso así (y a diferencia de los municipios), muestran todavía carencias clave en sus capacidades de gobierno, así como grandes fragilidades en su arquitectura institucional. Estamos ante una paradoja: vivimos la era de las metrópolis, pero estas arrastran debilidades de agenda y democráticas difícilmente explicables. Si buena parte de los retos de futuro se expresan hoy en la escala metropolitana, parecería coherente definir una agenda amplia de políticas de respuesta. Además, resulta claro que esta agenda no es ni será un abanico de servicios provistos en clave tecnocrática. Es un marco de valores en conflicto, de construcción de modelos. Es una realidad de naturaleza política, por lo que no tendría que quedar al margen de la lógica democrática. Se perfila así el reto: habría que transitar hacia una esfera de democracia metropolitana con capacidad política para construir el derecho a la metrópoli.
Crece el acuerdo sobre la necesidad de un salto hacia delante que implique elaborar nuevas políticas metropolitanas de redistribución social, justicia urbana y cambio ecológico.
En Barcelona se despliega una realidad metropolitana vibrante. En el terreno institucional, la trayectoria ha sido compleja. Después de la abolición de la Corporación en 1987 se instauró un modelo de agencias (movilidad y medio ambiente) y una mancomunidad de municipios, hasta que en 2010 el Parlamento restauró la plena institucionalidad. La actual Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es un ente territorial con un conjunto de competencias, donde los órganos y las mayorías de gobierno se configuran a partir de las elecciones municipales (sin mecanismos propios de elección directa). En el terreno sustantivo, la metrópoli ha atravesado un ciclo duro de crisis y afronta ahora nuevos retos. Tenemos una red de barrios y ciudades dinámicas, pero con fracturas urbanas persistentes y nuevos ejes de vulnerabilidad social relacionados con la vivienda y la precariedad laboral. Y tenemos un espacio metropolitano con procesos de transición ambiental y económica en marcha, pero con esquemas persistentes de movilidad insostenible, gestión privada de los bienes comunes (agua y energía) y fragilidad en las dinámicas de innovación tecnológica y cooperativa. La metrópoli de 2020 es un territorio que ha superado el esquema de jerarquía espacial entre Barcelona y una corona crecida con lógica de periferia. La AMB es hoy una comunidad de municipios interdependientes que han forjado sus propios proyectos de ciudad y que han dotado el área de una estructura policéntrica. Es un denso entramado de identidades y relaciones que hay que reconocer y gobernar.
Crece hoy el acuerdo sobre la necesidad de un salto adelante que implique elaborar nuevas políticas metropolitanas de redistribución social, justicia urbana y cambio ecológico. Hacerlo posible, sin embargo, hace ineludible plantear una cuestión clave: la necesidad también de un nuevo esquema de gobernanza que haga posible construir el derecho a la metrópoli. Desde la actual AMB, se podría avanzar hacia un modelo con capacidad política, cooperativo, abierto a la participación y de elección directa. Un modelo articulado, por un lado, por la hibridación de componentes supramunicipales (amplias competencias metropolitanas) e intermunicipales (relaciones horizontales y coproducción de políticas entre municipios). Y basado, por otro lado, en un fuerte vínculo democrático: elección metropolitana directa e instrumentos de participación. La dimensión democrática, además, puede convertirse en palanca para fortalecer el demos metropolitano –un sujeto colectivo que se autogobierna y genera actores metropolitanos– sobre la base de identidades de barrio y de ciudad que hace falta también preservar y proyectar hacia el futuro.
Se trata, en síntesis, de avanzar con determinación política y colectiva hacia un escenario donde sea posible en Barcelona la construcción metropolitana del derecho a la ciudad. O, dicho de otra forma, la construcción democrática, cooperativa y comunitaria del derecho a la metrópoli. No es fácil. Pero no hay ninguna razón para el inmovilismo. En Barcelona, más temprano que tarde, se tendrá que activar y organizar la esperanza metropolitana.
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El municipalisme del bé comú Icaria, 2016
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