Ante los cantos de sirena neoliberales, dirigidos a fortalecer la responsabilidad individual, la sociedad civil se ha organizado para dar una respuesta colectiva a las consecuencias de la crisis. La innovación social que ha surgido en muchas ciudades supone una mayor implicación de los ciudadanos en la provisión de ideas, e iniciativas para afrontar las nuevas necesidades sociales que tanto el Estado como el mercado han dejado de priorizar.
La crisis económica iniciada en el año 2007 y las políticas de austeridad aplicadas posteriormente han tenido consecuencias dramáticas paras las ciudades y han generado la necesidad de nuevas respuestas a los retos sociales emergentes. En este contexto, los debates sobre la innovación social han florecido en Europa y en otras partes del mundo, llamando la atención de administraciones públicas y cierto sector privado. Este artículo resalta la capacidad innovadora de los ciudadanos organizados como sociedad civil o como miembros de movimientos sociales en las ciudades en general y en las ciudades españolas en particular. Es importante señalar también la centralidad de las instituciones locales, ya que son estas las que establecen vínculos creativos con estos ciudadanos y viceversa. Nuestro objetivo es lanzar un mensaje de esperanza ante los retos y las dificultades que existen para superar el desánimo intelectual en el que habitamos.
Empecemos por recordar que, en las ciudades del sur de Europa, la solidaridad familiar y comunitaria tiene un papel clave en el desarrollo de las formas de bienestar social. Con unos estados del bienestar menos consolidados que en los países del norte, las políticas sociales en el sur se complementan gracias a la labor que realizan las entidades de la sociedad civil. Pero también, y es importante subrayarlo, gracias a las formas de solidaridad más o menos informales que aparecen y se consolidan en barrios y ámbitos sociales, dando lugar a sistemas de bienestar local particulares y marcados por los contextos institucionales específicos de cada localidad. En este escenario, desde 2007 hemos asistido a la aparición de nuevas iniciativas ciudadanas contra la crisis que no solamente han significado un apoyo para paliar los efectos nefastos de dicha crisis y de la austeridad, sino que han reforzado los lazos solidarios y el sentido de comunidad. También, en circunstancias específicas, ha brotado a la superficie una dimensión política que cuestiona unas relaciones de poder ya calcificadas e impulsa un clamor para defender la justicia social. Recordemos la explosión de las plazas de muchas ciudades en 2011 con los mensajes: “No nos representan” y “Más justicia social”.
¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de innovación social? El concepto de innovación está lleno de ambigüedades y se utiliza con objetivos diversos. Instituciones de la Unión Europea, gobiernos nacionales y locales y el sector privado promulgan la innovación social como un instrumento para la mejora de las oportunidades vitales de los ciudadanos. Esta óptica se relaciona con el paradigma de la inversión social (Social Investment), que supone una mayor implicación de los ciudadanos en la provisión de ideas, iniciativas y respuestas a las nuevas necesidades sociales que tanto el Estado como el mercado dejan de priorizar. Responsabilizar al ciudadano de sus necesidades parece encajar con el paradigma neoliberal que ha permeado las políticas de las últimas décadas. Recordemos los cantos de sirena emitidos para fortalecer el capital social y el compromiso de la sociedad civil, en sustitución de la responsabilidad colectiva que supone ofrecer oportunidades vitales a los ciudadanos a través de la redistribución de recursos y beneficios.
En las ciudades del sur de Europa, la solidaridad familiar y comunitaria tiene un papel clave en el desarrollo de las formas de bienestar social.
Fortalecer las relaciones
Nuestra manera de entender la innovación social no se basa en sustituir, mediante la acción social de los ciudadanos, la responsabilidad social del Estado, y en cierta medida del mercado. Por el contrario, la innovación social tiene un papel importante a la hora de modernizar, acercar y hacer más robustas y competentes las responsabilidades públicas y privadas. No estamos solos en este enfoque (ver Moulaert et al., 2013). Hay todo un acervo de experiencias en las ciudades de todo el planeta que está contribuyendo a fortalecer las relaciones entre ciudadanos e instituciones con el objetivo de cubrir necesidades y también de mejorar derechos de ciudadanía. ¿Cómo? Las iniciativas socialmente innovadoras lo son en parte porque son fruto de procesos colectivos de reflexión y de acción para encajar y dar respuesta a viejas y nuevas necesidades. Nos referimos a las necesidades de seguridad que da una vivienda, o a participar en la sociedad mediante la educación o el empleo. Pero también a la participación en la creatividad cultural y, por supuesto, en el cuidado de niños, enfermos y ancianos.
La innovación social que aparece en múltiples y diversas experiencias ciudadanas que observamos en Barcelona, Bilbao, Madrid y Zaragoza (ver El momento de la ciudadanía), y que se da también en otras ciudades, tiene historias muy valiosas de gestación, desarrollo y consolidación. Cada experiencia ha generado al menos tres momentos creativos: primero, la conciencia colectiva de un problema o necesidad a subsanar; segundo, la capacidad organizativa de reflexionar y buscar soluciones no transitadas; y tercero, la experimentación colectiva —hacer con los otros— y, en el proceso de experimentación, quizá construir nuevas relaciones sociales, más horizontales y menos instrumentales. A este mecanismo social lo llamamos transformación de las relaciones sociales. Sirva como ejemplo la Asociación Senda de Cuidados en Madrid, que promueve la integración socio-laboral profesionalizando el cuidado a niños y ancianos a la vez que promueve la dignificación de dichas tareas.
La asociación Barceloneta Proa a la Mar, organizada por los vecinos, promueve la contratación de parados del barrio en las empresas locales.
En algunos casos más exitosos se fragua una relación con las instituciones (fundamentalmente las locales) con el objetivo de conseguir un mayor impacto de los programas y propiciar respuestas de mayor alcance social. En Barcelona, Barceloneta Proa a la Mar, organizada por los vecinos, promueve la contratación de parados del barrio en las empresas locales. Ha impulsado también un pacto económico para el barrio con el Ayuntamiento a fin de desarrollar la economía social y solidaria. En Bilbao, Ekhi Txanpona ha impulsado una moneda social para ser usada en comercios del casco viejo de la ciudad, y en colaboración con otros ayuntamientos tienen una herramienta de desarrollo económico local.
Un elemento que aparece de forma transversal en todas las iniciativas, independientemente de su objetivo concreto, es la voluntad de situar a los ciudadanos en el centro del desarrollo de las respuestas políticas contra la exclusión social, de forma que los propios afectados por dicha exclusión participen en la construcción de una solución. No son, por lo tanto, ejemplos de actuaciones asistenciales. En este sentido, la generación de recursos propios a través de cooperativas y redes financieras alternativas es de gran valor. Hay muy buenos ejemplos en nuestro país: Coop57 Aragón es una cooperativa que otorga préstamos a proyectos de economía social y solidaria; y la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), presente en diferentes comunidades autónomas, es una asociación que en Madrid, donde había sido más débil que en otras partes, se fortaleció con el movimiento 15-M.
© Eva VázquezMuchas experiencias ilustran la creatividad del movimiento 15M, especialmente cuando ha abandonado las plazas y ha vuelto a los barrios y a las instituciones, o se ha organizado en redes para responder a la crisis.
Algunas entidades innovadoras emergieron de las asociaciones de ciudadanos y de los debates que tuvieron lugar en los barrios en los años ochenta del pasado siglo, otras son de reciente creación. Todas han establecido en algún momento mecanismos de organización interna democrática a través de asambleas. En conjunto, la mayoría ha intentado establecer prácticas horizontales y mecanismos que permitan combinar estas decisiones democráticas con las decisiones técnicas tomadas por profesionales. Por último, la mayoría ha buscado algún tipo de relación con la Administración para que la ciudadanía esté presente en las decisiones que atañen al bienestar de los ciudadanos. La defensa de los derechos ciudadanos y de la inclusión social ha sido protagonizada, entre otras iniciativas, por dos organizaciones: Yo Sí, Sanidad Universal, en Madrid, que ha atendido a enfermos inmigrantes excluidos por ley; y Alianza contra la Pobreza Energética, de alcance nacional, que ha conseguido un recurso vital a personas empobrecidas, imponiendo cambios en la legislación autonómica.
Es relevante resaltar que, al comparar la innovación social en cuatro ciudades, se puede ver que el desarrollo virtuoso de la colaboración entre las organizaciones de ciudadanos y las instituciones locales depende en gran medida del contexto institucional local, con diferentes trayectorias de participación de la sociedad civil.
Estos contextos institucionales se vieron sacudidos, sin embargo, por las elecciones municipales de 2015. En Barcelona, Madrid y Zaragoza la llegada de los nuevos ayuntamientos “del cambio” significó la puesta en marcha de procesos de innovación institucional y la búsqueda de mecanismos de colaboración entre sociedad civil y Administración, aunque con resultados desiguales.
En nuestro libro hemos querido ofrecer experiencias que ilustran la capacidad creativa del movimiento 15M, especialmente cuando ha abandonado las plazas y ha vuelto a los barrios y a las instituciones, o se ha organizado en redes para ofrecer respuestas a las graves consecuencias de la crisis económica reciente. Lo hemos hecho por su valor intrínseco como iniciativa innovadora de la sociedad civil y los movimientos sociales, pero también para cubrir un cierto vacío. Es cierto que el 15M se ha analizado ampliamente, pero a menudo se ha hecho desde el punto de vista político, prestando atención al surgimiento de nuevos partidos y plataformas electorales. Para nosotros el valor de estas organizaciones reside también en que han defendido los derechos de la ciudadanía social. Lo han hecho —con mayor o menor éxito— al establecer mecanismos alternativos de organización económica que permiten reducir la vulnerabilidad y la dependencia de los mecanismos de mercado. Después de este año electoral veremos si tienen continuidad.
© Eva VázquezObservaciones para la reflexión
La innovación social puede conllevar un fortalecimiento de las relaciones sociales con una base territorial a partir del barrio o el distrito (e incluso de la ciudad, en el caso de las de menor dimensión). Puede actuar de antídoto a la segregación social. Por ello es preciso hacer hincapié en el desarrollo local como forma de frenar las dinámicas de exclusión territorializadas. Los barrios se han comunicado en las últimas décadas con el objetivo de mejorar las oportunidades vitales de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables a las crisis económicas recurrentes. Este diálogo entre actores de los barrios ha propiciado federaciones y coaliciones que han contribuido a una mejor gobernanza de la cohesión social de las ciudades. Con sus proyectos dirigidos a una mayor justicia social, los actores urbanos, operando desde los barrios, han alcanzado otras esferas de decisión y han contribuido de esta forma a consolidar derechos sociales y políticos.
Las ciudades españolas tienen un reto importante. Tanto las administraciones locales como la sociedad civil ven limitada su capacidad de transformación y fortalecimiento de los sistemas locales de bienestar debido al contexto de gobernanza multinivel no siempre amable con las ciudades. En los años pasados, las políticas de austeridad aplicadas a nivel autonómico han supuesto una tendencia a la recentralización a través de mecanismos presupuestarios y de retirada de competencias locales. Consideramos que es preciso realizar cambios legislativos de calado para dar mayor poder y financiación a los gobiernos locales. La reforma constitucional que un día se producirá en España será una excelente oportunidad para impulsar debates y propuestas en esta dirección.
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El momento de la ciudadanía: innovación social y gobernanza urbanaMarc Pradel i Marisol García Cabeza. Los Libros de la Catarata, 2018
The International Handbook of Social Innovation. Capítol: Theorizing multi-level governance in social innovation dynamics Pradel, M., Garcia, M. i Eizaguirre, S. Edward Elgar, 2013
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