Diferentes municipios que han emprendido iniciativas de creación de espacios verdes han generado nuevas desigualdades o han exacerbado las que ya existían. ¿Cómo abordar los efectos indeseables e inequitativos del urbanismo verde?
El parque de Diagonal Mar, una de las zonas verdes de nueva constitución en un área de desarrollo urbano postolímpico.
Foto: Vicente Zambrano
Es bien sabido que los espacios verdes contribuyen a mejorar la salud promoviendo un estilo de vida activo y creando condiciones que reducen las enfermedades asociadas con la contaminación atmosférica y el ruido. Además, los vecinos con acceso a espacios verdes tienen menos posibilidades de sufrir problemas de salud mental y tienen más oportunidades de establecer contactos sociales y vínculos personales. Desde el punto de vista medioambiental, los espacios verdes urbanos aumentan la biodiversidad, mejoran la absorción del agua de lluvia, reducen el efecto isla de calor urbana y regulan las emisiones. En Barcelona, los espacios verdes eliminan cada año más de trescientas toneladas de contaminantes e impiden que se liberen a la atmosfera cinco mil toneladas de CO2.
Pese a ello, en muchas grandes ciudades del mundo los inversores públicos y privados que promueven los beneficios medioambientales, socioeconómicos y de salud de los proyectos de creación de espacios verdes suelen ocultar las desigualdades que resultan de estas iniciativas, que a menudo comportan una gentrificación y el desplazamiento de los vecinos. Bajo las banderas de la sostenibilidad, la resiliencia y la adaptación al clima, diversos municipios que han emprendido iniciativas de creación de espacios verdes, en lugar de resolver problemas, han creado nuevas desigualdades o incluso han exacerbado las que ya existían.
En un artículo reciente que menciona la High Line de Nueva York –un antiguo ferrocarril elevado transformado en un gran parque urbano aéreo que actualmente visitan cada año cinco millones de personas– como el ejemplo más famoso de este fenómeno, Scott Kratz, director del proyecto del 11th Street Bridge Park de la ciudad de Washington, expresa de entrada una preocupación por los efectos sociales del nuevo puente viario combinado con un parque. “¿Para quién es, realmente?”, se plantea. Es una pregunta crucial. ¿Quiénes son los auténticos destinatarios y beneficiarios de los espacios verdes que se crean o restauran?
Como revela la High Line, muchos parques nuevos han acabado destinados a vecinos y turistas de raza blanca y con un estatus privilegiado. Esta transformación ha ido seguida de un aumento del precio de los inmuebles y del desplazamiento de los negocios y los vecinos de clase trabajadora, expulsados por la subida de los alquileres. Entre 2003 y 2011 los precios de los alrededores de la High Line aumentaron un 103 % y los áticos diseñados por el estudio de Zaha Hadid cuestan actualmente 50 millones de dólares.
De la marginación al privilegio
Desde el siglo XIX, los proyectos de zonas verdes urbanas, como por ejemplo parques, jardines, vías verdes y corredores ecológicos, se han promovido como motores de embellecimiento, de mejora de la salud, de revitalización de los barrios y de bienestar de los vecinos. En este sentido, podemos pensar en proyectos como el Emerald Necklace de Boston o el parque de la Ciutadella de Barcelona. Con todo, observamos un cambio significativo en el urbanismo verde, desde los objetivos sociológicos del siglo XIX y principios del XX y los espacios verdes orientados a los vecinos de las décadas de 1970 y 1980, destinados a recuperar los barrios, hasta, más recientemente, unos espacios verdes orientados al desarrollo, destinados a atraer equipamientos de alto nivel para el sector de los servicios, los distritos tecnológicos, los residentes de estatus privilegiado y los turistas.
Estudios de investigación recientes del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability [Laboratorio de Barcelona sobre Justicia y Sostenibilidad Ambiental Urbana – BCNUEJ] han encontrado ejemplos de este fenómeno en diversas ciudades de todo el mundo. En Barcelona, un estudio ha constatado que se da una clara tendencia a la gentrificación verde en varias zonas históricamente marginadas, especialmente en antiguos barrios industriales. En el distrito de Sant Martí, por ejemplo, el porcentaje de residentes con estudios universitarios aumentó de media cerca del 28 % alrededor de un nuevo parque local, mientras que en el conjunto del distrito este aumento fue solo del 7,6 % en un período de diez años. Diversos parques de los distritos de Sant Martí y Ciutat Vella, como por ejemplo el del Poblenou y el del Port Olímpic, han experimentado una fuerte gentrificación medioambiental. Los jardines del Príncep de Girona, situados en el sur del distrito de Horta- Guinardó, y el parque de Diagonal Mar de Sant Martí también han experimentado una gentrificación medioambiental notable. En este caso, hay una relación clara entre un nuevo espacio verde y la atracción de residentes con estudios superiores, aunque en algunos distritos de la ciudad, como por ejemplo Nou Barris y Sant Andreu, no se han producido tendencias de gentrificación.
Estas dinámicas de largo alcance plantean interrogantes a la hora de crear ciudades habitables, saludables y equitativas. A medida que los urbanistas, los cargos públicos y la sociedad civil trabajan por mejorar la calidad medioambiental urbana para los residentes socialmente vulnerables, se enfrentan cada vez más a las posibles desigualdades que generan los proyectos de zonas verdes. La valorización del suelo y el desplazamiento que suelen resultar de la creación de zonas verdes se han definido como una “gentrificación verde” o “ecológica” caracterizada por la eliminación social de las prácticas residenciales, además de por un desplazamiento físico y real. En Barcelona, los proyectos de movilidad sostenible como las supermanzanas, especialmente la de Sant Antoni, ya han generado preocupación por los efectos a medio y a largo plazo sobre la vivienda y la accesibilidad comercial, aunque en este caso la gentrificación también se ve impulsada por la inauguración del nuevo mercado.
En resumen: ¿hasta qué punto se traducen las diversas intervenciones de urbanismo verde en una paradoja del espacio verde en las diferentes ciudades y qué implicaciones comportan para los residentes urbanos tradicionalmente marginados? Que quede claro que no afirmo que los urbanistas elijan intencionadamente barrios de bajo poder adquisitivo y comunidades de color para beneficiar a los promotores y excluir a los residentes vulnerables de los beneficios de los proyectos verdes. Los estudios sugieren como explicación más probable que los urbanistas no tienen en cuenta los efectos de sus planes sobre el mercado inmobiliario y que a menudo se encuentran atrapados en la lógica del urbanismo competitivo y la marca de ciudad, si bien cada vez son más conscientes de las desigualdades que pueden resultar del urbanismo verde. En Barcelona, el gobierno de Ada Colau es muy consciente de los posibles efectos negativos de gentrificación de las nuevas intervenciones de habitabilidad y trabaja de manera transversal para evaluar el alcance que puede tener esta gentrificación y crear nuevas herramientas y normativas para proteger a los residentes.
En general, la respuesta no consiste en dejar a los barrios pobres o a las comunidades de color al margen de los proyectos de zonas verdes. Estas decisiones excluirían aún más a los grupos históricamente marginados de los beneficios de las zonas verdes y concentrarían las inversiones en espacios verdes o sostenibilidad en los barrios más ricos. Así pues, la pregunta y el reto consiguiente se convierten en esta cuestión: ¿cómo pueden las ciudades crear normativas, políticas, planes urbanísticos, mecanismos de financiación y partenariados (y a qué niveles) que puedan abordar los efectos indeseables e inequitativos del urbanismo verde? En resumen, crear espacios verdes ¿para quién, a qué precio (establecido por quién) y cómo?
Muchos creen que las soluciones a largo plazo para abordar las desigualdades del urbanismo verde y la gentrificación ecológica consisten en cambiar la titularidad del suelo en las ciudades para eliminar su función especulativa y de mercado. Eso significa desarrollar herramientas, como los community land trusts y las cooperativas de vivienda, que cada vez tienen un papel más importante en las políticas para abordar la gentrificación. La protección y el desarrollo de la vivienda social y pública también es un compromiso evidente necesario para mitigar los riesgos de desplazamiento que cada vez más se asocian a los proyectos urbanos a gran escala como las vías verdes. En lo que a las iniciativas verdes se refiere, los proyectos a más pequeña escala centrados en las necesidades, las preferencias y los usos múltiples de los residentes también pueden garantizar que la propiedad y la gestión estén en manos de los vecinos, sin que se apropien de ellas los visitantes y los turistas, como ejemplifica la High Line.