Cities for Adequate Housing: alianza mundial de ciudades por el derecho a la vivienda

El derecho a la vivienda digna y adecuada y el derecho a la ciudad son la base de los derechos humanos y los servicios básicos para todas las personas. Sin vecinos y vecinas no hay ciudad, y sin una vivienda digna en un entorno y barrio adecuados es imposible garantizar la calidad de vida de las personas. Con estas premisas, ciudades globales de todo el mundo han hecho oír su voz en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

16/07/2018 20:03 h

Redacció

Las ciudades globales han reclamado a los representantes de los estados en las Naciones Unidas que escuchen sus demandas y les apoyen con más herramientas para luchar contra la expulsión de los vecinos y las vecinas de los centros urbanos a causa de la gentrificación y la especulación inmobiliaria.

La alcaldesa de Barcelona, que también es vicepresidenta de la red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG, por la denominación inglesa), ha presentado esta tarde la declaración “Ciudades por una vivienda adecuada” en la sede de la ONU en Nueva York, un documento firmado por grandes ciudades globales como Amsterdam, Barcelona, Berlín, Durban, Lisboa, Londres, México DF, Montreal, Montevideo, Nueva York, París y Seúl y con el apoyo de varias entidades y personalidades vinculadas al derecho a la vivienda.

Garantizar el acceso a un hogar digno es un reto local de impacto global que en condiciones de carencia de financiación y de viviendas asequibles y de desregulación del mercado suponen una carga para los barrios y las ciudades. La rotura de los tejidos vecinales se agudiza con la gentrificación y la proliferación de pisos turísticos, que aumentan las desigualdades a la hora de conseguir y mantener una vivienda.

La declaración “Ciudades por una vivienda adecuada” se concreta en las demandas de los gobiernos locales para ampliar recursos y competencias para defender el derecho a la vivienda y a la ciudad.

Más control sobre la especulación y el mercado inmobiliario

Para combatir de manera efectiva la especulación y la desregulación del mercado inmobiliario, las ciudades reclaman más competencias jurídicas y fiscales para proteger a los vecinos y las vecinas. La regulación tiene que incluir medidas para garantizar el alquiler asequible y la protección de los inquilinos y las inquilinas frente a las burbujas especulativas. Además, los gobiernos locales exigen medidas tanto para hacer reservas de vivienda asequible como para movilizar hogares vacíos y en condiciones precarias.

Más vivienda pública y coproducida

Los gobiernos municipales piden el crecimiento del parque de vivienda pública, que únicamente es posible con la ampliación de los recursos y la inversión de los estados. La emergencia habitacional requiere soluciones que garanticen la igualdad al acceso y el uso de un hogar adecuado y alternativas innovadoras, más justos, sostenibles, ágiles y económicamente eficientes. Al mismo tiempo, la vivienda pública asequible ha de tener una distribución equilibrada entre todos los barrios para combatir la segregación socio-espacial y aliviar la tensión entre el centro y la periferia.

La promoción de la vivienda asequible también exige impulsar soluciones mixtas, que integren el tejido productivo y social de las ciudades para el desarrollo de proyectos habitacionales de coproducción. Por un lado, las subvenciones y las exenciones fiscales estimulan la construcción de viviendas alternativas y adaptadas a las particularidades de cada ciudad, un modelo de vivienda que busca la cooperación y la creación de operadores público-privados. Por otro lado, se tiene que potenciar la colaboración con organizaciones no gubernamentales y la participación, la autogestión y el empoderamiento de los habitantes.

Una ciudad compacta, mixta e inclusiva

El modelo de vivienda adecuada se extiende a la planificación urbanística integral de los barrios con el objetivo de construir ciudades mixtas, compactas y policéntricas que eviten la dependencia del vehículo privado y que prioricen la movilidad de los peatones y el transporte público eficiente.

El objetivo final de la declaración es evidenciar la necesidad de la alianza y la cooperación entre las ciudades y entre los gobiernos municipales y los estados, por un frente común que trascienda los mandatos y los localismos competitivos y que se encamine hacia una estrategia conjunta a largo plazo.

Derecho a la vivienda adecuada

Una vivienda asequible, habitable y accesible tiene que disponer de seguridad jurídica de tenencia, servicios, materiales, equipamientos e infraestructuras y adecuación cultural. El acceso a una vivienda adecuada se recoge como uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, un derecho humano fundamental para todas las personas.

El modelo de vivienda adecuada requiere un cambio de mentalidad, tanto de los estados como de las ciudades que sufren en primera persona la gentrificación y la especulación, un nuevo paradigma impulsado por iniciativas globales por el derecho a la vivienda como The Shift y que parten de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana de Habitad III. Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles son la mejor fórmula para abordar el problema, una visión que comparten la red de ciudades UCGL, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha.

Alianza de ciudades globales

Las ciudades globales asumen el reto de garantizar el acceso a la vivienda como un desafío que afecta a todos los gobiernos municipales y que requiere estrategias conjuntas y consensuadas para hacerle frente. El diálogo mantenido con ciudades como Londres, París, Nueva York o Montreal en los últimos meses ha hecho posible acercar posturas y compartir experiencias en la lucha por el derecho a la vivienda. La alianza de ciudades se concreta en la red mundial UCGL, que impulsa y apoya la declaración “Ciudades por una vivienda adecuada” y que articula un espacio de debate y reflexión entre los gobiernos municipales. Es un debate necesario para dar una sola voz a las reivindicaciones presentadas hoy en las Naciones Unidas y para evidenciar la necesidad de que los estados escuchen a las ciudades en materias como la defensa del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad.

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