Compromiso contra la actividad de los pisos turísticos ilegales

La mesa de plataformas de alquiler vacacional, formada por los principales operadores, se ha comprometido a la tolerancia cero con los pisos sin licencia y explorará todos los mecanismos para conseguir lo antes posible una ciudad libre de actividad turística ilícita. Mientras tanto, los servicios municipales intensifican los controles durante el verano y solicitan la retirada de 1.500 viviendas ilegales en Airbnb y Wimdu.

23/07/2018 18:44 h

Ajuntament de Barcelona

El último encuentro de la mesa de plataformas de alquiler vacacional, celebrada este lunes, 23 de julio, ha servido para remarcar el compromiso de las plataformas por la lucha contra los pisos sin licencia y para establecer como prioridad la búsqueda y el desarrollo de todos los mecanismos de control necesarios para evitar lo antes posible la oferta ilegal de alojamientos turísticos de la ciudad.

Además, se compartirán con la Generalitat y otros ayuntamientos las herramientas consolidadas que funcionan en Barcelona para que se puedan extender a otros municipios. El objetivo es facilitar la lucha contra la actividad turística ilegal por toda Cataluña.

En la reunión de hoy han participado representantes de HomeAway, Booking.com, TripAdvisor, Rentalia, Apartur y Airbnb, que se ha incorporado recientemente a la mesa después de conceder la cesión de los datos a los servicios municipales para facilitar la detección de la actividad ilegal en su web.

Se exige la retirada de 1.500 pisos turísticos ilegales más

Los servicios municipales han exigido a Airbnb que retire 1.082 pisos turísticos ilegales más anunciados en su web, que se añaden a los casi 4.000 detectados en un año, y otros 424 en la plataforma Wimdu.

Los datos recogidos, de principios de junio, incluyen también la oferta ilegal de otras plataformas: 115 en HomeAway, 46 en TripAdvisor, 22 en Rentalia, 18 en Only Apartments y 7 en Niumba.

En dos años, un 70 % menos de oferta ilegal

Desde la puesta en marcha, en julio del 2016, del plan de choque contra las viviendas de uso turístico (HUT) ilegales, se han cerrado 2.355 alojamientos, y continúa el trámite para cerrar 1.800 más. Además, se han abierto 10.635 expedientes y se han impuesto 5.503 sanciones, cinco veces más que en el periodo 2014-2016.

Aparte de la acción sancionadora, se ha avanzado con respecto al control de las viviendas con más inspectores y herramientas tecnológicas, que han ayudado a disuadir a los anunciantes y a favorecer el compromiso de las plataformas por la tolerancia cero.

Como consecuencia de este trabajo, los pisos ilegales detectados en las plataformas se han reducido de 5.875 en el año 2016 a 1.714 en junio del 2018, un 70 % menos.

Además, este verano se reedita la campaña “Fair Tourism BCN”, para informar y sensibilizar tanto a la ciudadanía como a los visitantes sobre los perjuicios de esta actividad ilícita. La web incluye un buscador para verificar si los inmuebles que ofrecen las plataformas tienen licencia, y permite al vecindario avisar a los servicios municipales en caso de detectar un posible piso turístico ilegal.

Aval judicial en el PEUAT

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) establecen que el acuerdo del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), que incluía la suspensión temporal de licencias, fue plenamente legal, sin arbitrariedad y motivado porque se adecuaba a lo que se quería defender.

El PEUAT es la norma municipal que establece que solo se concederán nuevas licencias de uso turístico en las zonas de la ciudad menos densas y con menos presión turística, mientras que en los barrios centrales de la ciudad no se darán más aunque haya establecimientos que cierren.

El TSJC ha desestimado los dos recursos presentados en el año 2015 por las compañías hoteleras Claris y Hotusa en contra de este acuerdo. En total, se interpusieron hasta 27 recursos.

Las sentencias, todavía no firmes, determinan que la suspensión de licencias es una competencia municipal que permite analizar el escenario para poder desarrollar un plan especial de regulación de usos, que la comisión de gobierno era el órgano competente para aprobar el acuerdo, que este no vulneraba el derecho a la defensa porque la suspensión de licencias era temporal y que no hubo omisión de trámite de audiencia porque todo el mundo pudo efectuar las alegaciones pertinentes.

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