En el verano del 2019, el barco de Open Arms, con más de 130 personas a bordo rescatadas en alta mar, estuvo parado 20 días en alta mar sin poder desembarcar a causa del decreto impulsado por el político italiano, hasta que el fiscal de Agriento, en Sicilia, lo permitió.

Este hecho provocó que la ONG de rescate marítimo, que es parte denunciante del procedimiento abierto por la Fiscalía italiana, impugnara el decreto de Salvini. El tribunal investiga a Salvini por, entre otros, un presunto delito de secuestro por negar el desembarque a Open Arms y mantener retenidas a las personas a bordo.

Barcelona contra Salvini

Durante los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Barcelona, puerto de referencia del Open Arms, se ha comprometido con la labor de la ONG para la defensa de la vida en el Mediterráneo. En el 2019, por ejemplo, se sumó a un convenio por valor de medio millón de euros para Open Arms, el 35 % del total del proyecto de salvamento.

Por eso, el Consistorio se suma a la acción judicial y reclama al exministro del Interior italiano los daños patrimoniales causados por el bloqueo de la embarcación con el aumento de costes que supone y el retraso de la misión, así como los daños a los valores y la imagen de Barcelona como consecuencia de las acusaciones del político italiano lanzadas contra la ciudad.