Se destinarán 23 millones de euros a desplegar políticas públicas para prevenir la exclusión social del colectivo de personas sin hogar. El nuevo acuerdo permitirá también consolidar proyectos de innovación social que se habían puesto en marcha como pruebas piloto.

Se mantiene la apuesta por un nuevo modelo de atención domiciliaria, con una inversión de 7,1 millones de euros. El objetivo es evolucionar hacia una teleasistencia avanzada mediante tecnología puntera en el ámbito del apoyo y los cuidados.

El nuevo acuerdo incrementa en 10,4 millones la partida de personal. Servirá para mejorar las condiciones laborales y para consolidar a 164 trabajadores y trabajadoras sociales que se incorporaron durante el 2021 para hacer frente al impacto de la pandemia. Hasta el 2025 se integrarán 17 más y se prevé la incorporación progresiva de otros perfiles, como psicólogos o juristas.

Otras partidas son 74,1 millones de euros para financiar los equipos básicos de atención social, 9,7 millones para los servicios de intervención socioeducativa, 25,5 millones para los equipos de atención a la infancia y a la adolescencia y 9 millones para ayudas de urgencia social. Además, se dedicarán 368.400 euros al Programa de envejecimiento kilómetro cero, que incide en potenciar las capacidades de las personas mayores y la autonomía personal para favorecer su socialización.

La dotación destinada a Barcelona supone un 28,15 % de los 1.385 millones de euros que el Departamento de Derechos Sociales ha previsto para 111 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, consejos comarcales y otros entes supramunicipales.