El ecosistema de conocimiento como bien común

Il·lustració d'una fila de persones agafant cada una amb les mans el cap de qui té davant

Los entornos urbanos se caracterizan por las oportunidades que ofrecen para pensar en una cultura política donde los bienes comunes del conocimiento se puedan gestionar de manera conjunta por grupos de interés y de tamaño distintos. Aún podemos conseguir que el conocimiento sea considerado un bien común.

“Desde lo alto de la torre de Notre Dame contemplé ayer la inmensa ciudad: ¿quién construyó la primera casa, cuándo se derrumbará la última y se verá el suelo de París como el de Tebas y Babilonia?”, se preguntaba el historiador alemán Friedrich von Raumer en 1830. En el temprano siglo XXI, más allá de esa ciudad a la que David Harvey llamara la capital de la modernidad, a lo largo y ancho del mundo las tecnologías de la información y las redes de comunicación han roturado la tierra sobre la que se erigen las urbes contemporáneas. Si en alguna ocasión los proyectos de edificios, calles, paseos, aceras o carreteras provocaban una imagen de la ciudad que determinaba la existencia urbana de los viandantes, el Internet de la Cosas, las cámaras de reconocimiento facial, los sensores de los dispositivos inteligentes o los sistemas biométricos han convertido todos aquellos antiguos ritos de paso en datos.

Convertidas todas estas experiencias sensoriales en bienes de conocimiento que permiten proveer todo tipo de servicios computacionales o de inteligencia artificial, unos que penetran en cada esfera privada de las personas, se ha creado una suerte de ecosistema enteramente conectado a unas cuantas corporaciones tecnológicas, principalmente estadounidenses. Lejos de ser entendidos como un recurso compartido, o un bien común, estas los administran de acuerdo a una lógica que mezcla las doctrinas totalitarias de la Ilustración, como destacaron los pensadores frankfurtianos, con la violencia ejercida por el proceso de financiarización. De este modo, bajo la fantasía de un progreso o modernización constante se justifica la tutela económica y la dominación racional mediante la tecnología, encargada de penetrar en lo más profundo del ser humano y establecer las leyes que rigen su realidad. Claro que esta se encuentra en todo momento orientada hacia un sistema enteramente privatizado para servir a los intereses de rentabilidad del capital global, que sostiene la industria tecnológica con sus enormes inversiones.

Asistimos a la creación de una especie de celdas existenciales que dan lugar a la valorización y capitalización del ser humano, convertido con sus datos o atención en la propia materia explotada en este ecosistema. En este contexto, no solo queda desechado todo pensamiento alternativo sobre cómo organizar el recurso más valioso de una ciudad, la información, sino que una pequeña industria urbana compuesta principalmente por las grandes firmas tecnológicas y financieras se aprovechan de ella para continuar con la especulación, pero de manera más “inteligente”, perpetuar las lógicas de austeridad y determinar las posibilidades de endeudamiento de las ciudades. Ello de la mano de la determinación de sus inversiones y el control de las infraestructuras necesarias para que provean los servicios básicos o municipales a los ciudadanos que pagan sus impuestos —ahora destinados a contratar los servicios de las firmas que evaden sus responsabilidades fiscales, estrechando aún más el radio de acción de las instituciones públicas.

Supresión de la creatividad colectiva
 

Por otro lado, esta desposesión sobre el conocimiento tiene otro efecto fundamental: la supresión de la inteligencia o creatividad colectiva para que el ritmo de las máquinas de nueva creación, principalmente la inteligencia artificial, coincida con las necesidades sociales o ecológicas. Ya sea para moverse en las ciudades de manera más sostenible, pensar de manera alternativa el trabajo, ahora orientado hacia sectores temporarios, como ventas, restaurantes y transporte, hotelería y cuidado de niños o ancianos; acabar con el círculo vicioso de la desigualdad que impide el acceso a una vivienda digna; mejorar los servicios sanitarios públicos a través de la previsión de enfermedades o espolear una educación rica en humanidades, y que promueva la justicia social al tiempo que crea innovadores sociales para solucionar problemas básicos de los ciudadanos.

En su lugar, gracias a que todo conocimiento sobre cómo pueden diseñarse las ciudades es entendido como un conjunto de datos que crean cadenas mercantiles externamente efectivas a la hora de lucrar a una pequeña sociedad global de propietarios, cada vez más contemplamos la creación de guetos de conocimiento, habitualmente situados en los enclaves urbanos más pudientes de la ciudad, espoleados por el dinero privado para acelerar empresas que más tarde tratan de atrapar a los ciudadanos con sus servicios y filtrar posteriormente la riqueza hacia las capas más altas. También encontramos foros o camarillas compuestas por miembros del sector privado en los que el conocimiento para diseñar soluciones a los problemas de la ciudad se emplea para pensar en que estos amplíen su margen de beneficios. Ello cuando no nos sentimos asediados por todo tipo de plataformas que impulsan nuestro consumo y palian ligeramente la enajenación derivada de una producción incesante o la captura del conocimiento, habitualmente al precio de explotar a otros miembros de la ciudad, con trabajos sujetos cada vez a condiciones más precarias. En este sentido, no solo se perpetúa la desigualdad entre quienes poseen un mayor conocimiento a la hora de acceder al mercado laboral y quienes no, recurriendo además a la retórica de lo colaborativo, sino que este concepto se pervierte para significar: asociación de propietarios individuales que comparten mano de obra semiesclava en una ciudad. De este modo es como se perpetúa la jerarquía social.

Un ecosistema de conocimiento paralelo

Digamos que si existiera un sujeto de conocimiento que entendiera esta opresión histórica a la que la clase no privilegiada es conducida en el contexto de la transformación tecnológica de la estructura económica, su posición para provocar un verdadero estado de excepción mejoraría notablemente. Aunque, como si se tratara de un truco de magia, las tendencias políticas que la tecnología induce, como el aumento de la individualización, impiden contemplar de manera sobria las posibilidades emancipadoras de esta. Pareciera como si efectivamente se hubiera creado un ecosistema de conocimiento paralelo, una infraestructura tecnológica en la que toda experiencia sobre la existencia en el mundo generara datos sobre este que no solo guían la vida de las personas hacia los servicios de las compañías que la controlan, sino que transfiguran la percepción de la realidad en una ciudad.

Ahora bien, en la medida en que ningún sistema de control es absolutamente cerrado, y siempre existen huecos para ensayar su salida, tal vez debiéramos pensar en cómo provocar una especie de vuelco en esta tendencia política o la apertura de un recinto histórico concreto desde las ciudades, lo que llamo “despertar del sueño tecnológico”. Así, en tanto que en la estructura de este ecosistema de conocimiento privado se encuentra también la experiencia —en este momento mercantilizada— que puede provocarlo, debiéramos encontrar un conocimiento puro para extraer todo su valor revolucionario.

Concretamente, si por algo se caracterizan los entornos urbanos es por las oportunidades que ofrecen para pensar en una cultura política en la que los bienes comunes del conocimiento se puedan gestionar de manera conjunta por grupos de interés y de tamaño distintos. Esto significa conectar culturalmente a los movimientos sociales de la ciudad, a las asociaciones de vecinos de los barrios o distritos, aunque también a los comerciantes locales u otros colectivos urbanos, en pos de una agenda colectiva para digitalizar el suelo de la ciudad de manera que pueda servir a los intereses comunales. En definitiva, también se trata de una cuestión económica, aunque no como la entienden las grandes plataformas como Google, que extrae conocimiento mediante el diseño psicológico de sus plataformas únicamente orientado al consumo de información y no a su distribución.

Justicia social, igualdad y redistribución

Estas fuerzas sociales deberían organizarse para que las infraestructuras que concentran la inteligencia colectiva de la ciudad, sus cerebros si se quiere, sean gestionados de manera distinta. Por ejemplo, mediante la descentralización de los procesos políticos a escalas tan específicas como sea necesario. Digamos que la gestión inteligente de los termostatos puede ejecutarse directamente por quienes viven en barrios con un nivel económico más bajo siempre y cuando se tengan asegurados los recursos materiales para paliar cuestiones como la pobreza energética. O incluso es posible contemplar que los bloques de edificios en calles turísticas decidan sobre las licencias hosteleras o de franquicias en los espacios públicos. Tal es el motivo por el que las lógicas de explotación que impone este ecosistema deben variar hacia nociones como las de justicia social, igualdad y redistribución.

Y este cambio de paradigma, de manera automática, alterará también nuestra actitud ante las cuestiones ecológicas. Pensemos que los dispositivos de los ciudadanos son diseñados, no para alimentar la securitización y mercantilización de la vida, sino con el fin de recolectar el conocimiento sobre los desplazamientos urbanos, el transporte o la movilidad a fin de ofrecer respuestas inteligentes a los problemas de contaminación en las ciudades. En este sentido, dados los avances de los coches autónomos, ¿por qué deben pensarse estos de manera privada para servir a los individuos más ricos, lucrando a las empresas como Uber o Alphabet que los controlan, en lugar de entenderlos de manera colectiva para mejorar servicios públicos como el de los autobuses? De igual modo puede hablarse de los edificios y el resto de grandes infraestructuras que en la actualidad emiten una cantidad enorme de polución hacia la atmósfera.

Por supuesto, que todos estos procesos ocurran de manera pública o privada es una decisión política. Si el conocimiento para llevar a cabo estas soluciones se encuentra en manos de quienes además han conseguido beneficios monetarios tan elevados quitándole al Estado su dinero, la estrecha ventana de oportunidad para provocar una conmoción social se cerrará. En cambio, si hay una oportunidad política para revertir todos estas tendencias, las cuales implican nacionalizaciones, propuestas agresivas contra la especulación financiera, reducción del espacio público destinado a los coches —o a cualquier plataforma que deposite sus vehículos privados en las ciudades—, ello implicará entender el conocimiento como un bien común. Desde luego, los tiempos están maduros para intentarlo.

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