La ciudad y el reto de una transición justa

Il·lustració. ©David Sierra

La energía es un derecho. Y aunque la administración local no tiene competencias en los grandes ámbitos de la regulación energética, sí tiene la capacidad de influir sobre los ejes de su gestión, para garantizar un acceso justo y universal. Es necesario priorizar acciones para contraer la demanda, mejorar la eficiencia y reducir la dependencia de los recursos fósiles y la pobreza energética, protegiendo a los más vulnerables.

La situación energética actual es bastante complicada. Dependemos de unas fuentes de energía fósiles, finitas y geolocalizadas, y de una forma de producir la electricidad basada en un sistema de subasta energética maximalista, totalmente insostenible. El mix eléctrico actual está roto y el modelo de fijación de precios por subasta marginal de la UE provoca que toda la energía generada que entra en el mercado se pague al precio de la energía más cara, que normalmente es el gas. La guerra de Ucrania ha agravado la situación y ha llevado este combustible a precios desorbitados.

La energía es una industria muy especial: hay muy pocos competidores, que han vendido absolutamente todo lo que producen, mientras que los clientes no tienen la opción de no consumir. Está claro que el modelo energético vigente tiene unos límites de tipo económico (altos precios de la energía y recursos limitados), social (desigualdad y pobreza energética) y ambiental (emisión de gases de efecto invernadero y contaminación del aire). Decididamente, el sistema no funciona, y, por tanto, nada es ahora más urgente que cambiar este mercado y hacer realidad la transición energética.

Por transición energética entendemos los cambios estructurales necesarios para pasar de un sistema dominado por la energía de origen fósil a otro que utilice mayoritariamente fuentes de energía limpias y renovables. Esta reestructuración debe cambiar significativamente los patrones de generación y consumo de energía, y promover un desarrollo sostenible sobre bases de equidad y justicia social. La transición abarca aspectos tecnológicos, ambientales, económicos, sociales y culturales, incluido un papel más activo de los ciudadanos. Garantizar el futuro significa producir cerca y de forma limpia, apostar por las energías renovables y aprovechar todos los recursos locales, gestionarlos bien para ser más eficientes y gastar menos para tener los mismos servicios y el mismo confort. En un sentido más amplio, la transición energética también implica una democratización de la energía, ya que las de origen renovable pueden establecerse de forma descentralizada y beneficiar al conjunto de la ciudadanía.

Cambiar el modelo y hacerlo rápidamente

En las ciudades es donde se puede realizar un mayor progreso en la transición energética, ya que representan el 75% del consumo mundial de energía y el 80% de las emisiones de CO2. Por tanto, tienen un papel clave en este reto. Barcelona quiere estar al frente y, desde hace años, forma parte del grupo de ciudades que impulsa proyectos innovadores en materia de energía sostenible. Ahora, la ciudad quiere crear su propio futuro energético desarrollando paralelamente la eficiencia energética, la producción limpia y renovable, y una mentalidad colectiva que lo haga posible. Este cambio exige determinación, implicar y capacitar a la ciudadanía, repensar las soluciones de financiación, diseñar nuevos modelos de gobernanza, y entender la planificación urbana como una herramienta para avanzar hacia un modelo sostenible y bajo en carbono. Y todo ello, además, es necesario hacerlo rápidamente.

Il·lustració. ©David Sierra Ilustración. ©David Sierra

La administración local no tiene competencias en los grandes ámbitos de la regulación energética, como la planificación, la ejecución y la explotación de infraestructuras, pero sí tiene la capacidad de influir sobre los ejes de la gestión energética. Puede actuar sobre el acceso a la energía, con proyectos de generación, compra y suministro a escala local; puede ahorrar, aplicando herramientas de gestión de la demanda y de eficiencia energética, y puede incidir en el conocimiento, la concienciación y la extensión de una nueva cultura energética. También puede trabajar en la educación y la comunicación ambiental, y en el asesoramiento técnico, tanto en el ámbito interno del propio ayuntamiento como en la ciudadanía; en la creación de normativa energética propia; y en la promoción y ejecución de inversiones de gran alcance para promover las energías renovables y la eficiencia energética. Y puede trabajar para garantizar un acceso a la energía justo y universal.

La energía ha dejado de ser un ámbito sectorial de trabajo para convertirse en una política estructural que debe reunir bajo un mismo objetivo todas las actuaciones relacionadas, así como a sus responsables. El trabajo coordinado en todos los ámbitos relacionados permitirá generar sinergias de un valor incalculable, con la corresponsabilización del sector privado y de la ciudadanía. Los problemas energéticos, como ocurre también con la calidad ambiental, no se limitan a las fronteras municipales, sino que comprenden una mayor escala, como mínimo metropolitana, lo que exige crear sinergias y colaboraciones entre las diversas administraciones.

Pero ahora el problema es de emergencia climática, y las emergencias requieren soluciones de emergencia. Requieren actuar de forma contundente, rápida y sin dejar atrás a nadie. El Ayuntamiento de Barcelona presentó el 15 de enero de 2020 la Declaración de emergencia climática, que tiene como objetivo la reducción, en 2030, de un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los valores de 1992 y la neutralidad del carbono en 2050.

La declaración de emergencia implica una serie de retos. Lo primero es normalizar la presencia de instalaciones de generación en la ciudad e incrementar la demanda de instalaciones de autoconsumo solar en los edificios, tanto en la esfera pública como en la privada. Actualmente, en la ciudad de Barcelona se han instalado 21 megavatios pico (MWp) de energía solar fotovoltaica, de los cuales en torno a los 17.000 MWp son privados y unos 4.000 MWp son públicos. El objetivo es tener una ciudad donde la autogeneración y el autoconsumo estén generalizados. En el caso de Barcelona, se plantea alcanzar en 2025 un total de 6 MWp de generación fotovoltaica en los edificios municipales (guarderías, equipamientos culturales y deportivos…) y en el espacio público. Y 35 MWp de generación fotovoltaica en el ámbito privado residencial, terciario e industrial. Para ello es necesario promover el autoconsumo compartido y ayudar al despliegue de instalaciones fotovoltaicas de forma exponencial.

En 2020 se aprobó, vía decreto, una instrucción para impulsar la generación de energía renovable en los proyectos de obras y en el planeamiento urbanístico municipal. Otra herramienta importante es facilitar la inversión en este tipo de instalaciones, haciendo que pueda ser rentable lo antes posible. Una de las vías al alcance de las administraciones locales son las bonificaciones fiscales. Barcelona ofrece una reducción del 50% del IBI durante tres años a aquellos ciudadanos que hayan colocado una instalación de generación en su edificio, sea residencial o terciario. En el caso de instalaciones en naves industriales, la bonificación será del 30% durante tres años.

La normativa vigente permite varias fórmulas de gestión de la energía generada. Una de ellas es el autoconsumo compartido, que abre la posibilidad de generar energía allí donde tenga el máximo sentido, sin miedo a los excedentes energéticos, porque estos excedentes los podrá disfrutar algún consumidor cercano. El Ayuntamiento de Barcelona se plantea poner a disposición de los consumidores residenciales y terciarios una parte de la energía que genera a cambio de una contraprestación económica que permita recuperar la inversión realizada dentro del período de vida útil de la instalación. Con esta iniciativa se pretende cubrir una parte del consumo a partir de energía renovable generada en la misma ciudad, de modo que todo el mundo pueda disfrutar del autoconsumo, independientemente de si tiene o no posibilidades de colocar placas en su edificio.

El objetivo es desplegar la energía solar en las azoteas de la ciudad lo antes posible. El proyecto Momento Solar Barcelona, una iniciativa compartida con el Gremio de Instaladores de Barcelona y el Colegio de Administradores de Fincas, pone a disposición de las comunidades de vecinos toda la información y el asesoramiento necesarios para que cada vivienda o bloque de viviendas pueda generar la energía que necesita. Se quiere convencer y acompañar a las comunidades de vecinos en todo el proceso de instalación de placas fotovoltaicas, desde el estudio previo hasta la puesta en marcha, así como la tramitación de las subvenciones disponibles. Momento Solar Barcelona acompaña a lo largo de toda la actuación ejecutiva de la instalación de autoconsumo, gestiona los permisos necesarios y se ocupa, en su caso, del mantenimiento de las placas fotovoltaicas.

Rehabilitar para ahorrar

Tan importante es producir energía limpia y sostenible como no derrocharla. Esto significa actuar también en el ámbito del ahorro energético, con la rehabilitación de los edificios y haciendo que los de construcción reciente sean de consumo casi cero. En la mayoría de las ciudades ya construidas, la rehabilitación energética es una herramienta clave para reducir el consumo al tiempo que se mejora el confort. En el caso de Barcelona, el objetivo es rehabilitar con criterios energéticos 10.000 viviendas por año. Actualmente, se rehabilitan unas 6.000, pero no siempre con criterios energéticos.

En una ciudad construida de forma tan densa y compacta como Barcelona, con una superficie de techo residencial de 62,7 millones de metros cuadrados, que representan más de la mitad del techo total de la urbe, el parque residencial es un consumidor de energía muy importante. La demanda de las viviendas representa en torno al 28% de la energía final consumida. Hay que tener en cuenta, además, que buena parte de los edificios tienen una antigüedad superior a los 65 años. Muchos de ellos se construyeron antes de que existiera una normativa sobre calidad de la edificación y exigencias de aislamiento. Por eso, más del 70% del parque de viviendas de la ciudad tiene una certificación energética muy baja (mayoritariamente de las clases E, F y G).

Todo ello hace que la rehabilitación sea un elemento clave de la política energética de la ciudad, no solo por la mejora en la eficiencia de los hogares y de los espacios de convivencia, sino también por el impacto positivo que ha demostrado tener en la salud: cuanto mejor es el estado de la vivienda, mayor calidad de vida y más confort. Reducir las necesidades energéticas de los edificios es también una forma de reducir el gasto de las familias y, por tanto, de reducir las desigualdades y las situaciones de vulnerabilidad.

Redes de calor y frío

Otra línea importante de actuación es ofrecer, en determinados entornos en proceso de transformación urbanística, un sistema de climatización energética lo más eficiente posible mediante redes de calor y frío que aprovechen recursos residuales, ahorrando energía de la red y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

En Barcelona hay operativas dos redes de calor y frío. Districlima, constituida en 2002, fue la primera red urbana creada en España para proporcionar calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Comenzó a operar con la concesión del aprovechamiento de la central de producción del Fòrum. En estos momentos, tiene dieciocho kilómetros de trazado y cien edificios conectados, y en breve se añadirá una tercera central de producción para poder llegar a un millón de metros cuadrados de prestación potencial de servicio en el área del Besòs y el 22@.

La segunda red, Ecoenergies, fue fundada en 2009 y opera con una licitación de los ayuntamientos de Barcelona y de L’Hospitalet de Llobregat. El proyecto contempla tres centrales de producción. A las dos que ya operan se añadirá el aprovechamiento del frío residual de la regasificadora del Port. Esta red de calor-frío está preparada para abastecer 15.000 m2 de la Zona Franca y la Marina del Port Vell. La central de Zona Franca, sobre la que pivota el proyecto, cuenta además con una planta de biomasa que permite generar electricidad y calor a partir de los restos de la poda de los parques y jardines de la ciudad y otros residuos forestales.

La energía es un derecho. Priorizar acciones para reducir la demanda, mejorar la eficiencia y reducir la dependencia de los recursos fósiles y la pobreza energética, protegiendo a los más vulnerables, son los pilares sobre los que debemos actuar y hacer posible actuar. La ciudad quiere dar facilidades para que se pueda realizar la transición energética, pero hay que hacerla. Hay que querer hacerla. Todos estos cambios deben realizarse ya. La emergencia climática no espera. Sabemos que para lograr los objetivos debemos cambiar las formas de hacer, y esto no siempre es fácil ni inmediato. Pero las mejoras y las ventajas solo vendrán si conseguimos realizar un cambio colectivo sin dejar a nadie atrás.

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