Por Nicolás Barbieri y Alba Colombo, profesores e investigadores de la UOC

¿Qué sentido tiene hablar de la relación entre los grandes acontecimientos culturales públicos de Barcelona y los derechos culturales? Si las leyes se tienen que plasmar en políticas, los festivales son una herramienta clave para concretar una acción pública coherente con estos derechos. Porque si bien es evidente que el marco de los derechos culturales se ha ido consolidando en la agenda de las políticas públicas, esto ha estado acompañado de una cierta ambigüedad. Los investigadores Alba Colombo y Nicolás Barbieri, expertos en la materia, nos hablan del contexto de los festivales en Barcelona y se preguntan por su rol en relación al derecho a participar en la vida cultural de la ciudad.

Los festivales públicos, infraestructuras blandas

Barcelona es, desde hace décadas, un espacio donde los festivales públicos se han convertido en una de las maneras más vivas de poner la ciudad en relación. Pero tras esta imagen de ciudad “festivalizada” conviven procesos mucho más complejos: tensiones entre lo público y lo comercial, entre el impulso turístico y la vida cotidiana, entre los ideales de los derechos culturales y las desigualdades que condicionan quién puede acceder realmente a la cultura. Los festivales públicos entendidos también como soft infrastructures de la ciudad: dispositivos culturales no permanentes pero recurrentes que, a diferencia de las infraestructuras físicas, transforman usos, percepciones y relaciones.

“Los festivales tienen un potencial real para generar convivencia, encuentro e inclusión, pero estas posibilidades no siempre son reconocidas o activadas por las políticas culturales, demasiado orientadas, todavía, a objetivos económicos o de atractividad urbana”

Este tipo de infraestructura cultural “blanda” es capaz de activar formas de convivencia, de abrir espacios temporales de interacción y de reforzar los mecanismos de participación cultural que sostienen la vida colectiva. En este sentido, los festivales como el Grec no solo programan actividades, sino que organizan tiempos y espacios públicos, generan sociabilidad y articulan redes de agentes, funciones que los sitúan en un punto intermedio entre el servicio cultural y la regulación simbólica del territorio. Entenderlos como infraestructuras blandas permite analizar con más precisión cómo contribuyen a la redistribución de oportunidades culturales en una ciudad marcada por desigualdades territoriales y socioeconómicas. 

Un laboratorio de ejemplos y contradicciones

La investigación realizada en el marco de FESTSPACE muestra que los festivales tienen un potencial real para generar convivencia, encuentro e inclusión, pero también revela hasta qué punto estas posibilidades no siempre son reconocidas o activadas por las políticas culturales, demasiado orientadas, todavía, a objetivos económicos o de atractividad urbana.

Cuando observamos Barcelona desde esta óptica, la ciudad aparece como un laboratorio de ejemplos y contradicciones. Por un lado, los festivales públicos han contribuido históricamente a democratizar el acceso a la cultura y en el uso del espacio urbano: desde La Mercè hasta las fiestas de barrio, desde los ciclos descentralizados hasta los acontecimientos impulsados por colectivos migrantes. El análisis cartográfico de la distribución de festivales en la ciudad, pero, evidencia una concentración significativa de eventos en los distritos centrales (especialmente en Ciutat Vella, L’Eixample y partes de Gràcia) y una presencia mucho menor en las zonas periféricas, a menudo caracterizadas por rentas más bajas y una mayor densidad de población migrante. Este patrón no solo refleja una desigualdad territorial; se convierte en un indicador de una desigualdad más profunda, donde los factores socioeconómicos, demográficos y urbanísticos se acumulan y condicionan el grado de accesibilidad cultural de la ciudadanía. Barcelona se ha consolidado como una “ciudad de festivales”, pero esta festivalización tiende a reproducir una lógica centralista que privilegia los espacios con más actividad turística y con más capacidad de atracción económica.

Una oportunidad para la inclusión, la interculturalidad y la democratización

Estas evidencias contrastan con los discursos institucionales que, desde hace años, sitúan la inclusión, la interculturalidad y la democratización de la cultura como principios rectores de las políticas culturales de la ciudad. Sin embargo, los análisis de política pública muestran que estas aspiraciones no siempre se traducen en mecanismos concretos que incorporen a los festivales como herramienta efectiva de cohesión social y redistribución de recursos culturales. A menudo falta una articulación clara entre los objetivos declarados y la planificación territorial de las actividades culturales, así como una comprensión más profunda del papel que los festivales pueden tener en la configuración de la vida pública, especialmente en zonas con menos infraestructuras culturales.

“Los festivales pueden actuar como espacios de interacción intercultural, reconocimiento mutuo y visibilización de colectivos diversos”

A pesar de todo, los festivales siguen representando una oportunidad importante para repensar el papel del espacio público en la construcción de los derechos culturales. Cuando se desarrollan en plazas, calles y parques, transforman temporalmente la cotidianidad urbana y generan condiciones para formas de convivencia que difícilmente se articulan en otros contextos. Así, los festivales pueden actuar como espacios de interacción intercultural, reconocimiento mutuo y visibilización de colectivos diversos, siempre que las políticas públicas garanticen una distribución territorial más equitativa y una mirada que supere la lógica estrictamente económica o turística. 

Una política cultural realmente comprometida con los derechos culturales debería considerar la carta urbana de los festivales, identificar sus vacíos y desigualdades, y situarlos en el centro de una estrategia que entienda la cultura como un bien común y como una infraestructura cívica esencial.

Cuatro malentendidos sobre derechos culturales

¿Qué implica, en este contexto, que un gran acontecimiento cultural en Barcelona incorpore los derechos culturales a su misión? Proponemos responder a esta pregunta abordando cuatro malentendidos habituales, que hemos detectado en la investigación DEPART.

1. El efecto túnel

El primer malentendido es lo que podemos llamar efecto túnel. Cuando pensamos en derechos culturales, pensamos en acceso a la cultura. Y está bien que lo hagamos. Acceder (y en concreto asistir) a actividades o eventos culturales forma parte de los derechos culturales. Más aún si hablamos de un festival financiado con recursos públicos. Pero solo hay que mirar qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos para ver que los derechos culturales van mucho más allá. “Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad”. Participar es acceder, pero también es aprender, crear, expresar, decidir. Un festival en Barcelona puede, entre otras cosas, contribuir a desarrollar proyectos de educación en lenguajes artísticos, de reivindicación de la libre expresión o a la gobernanza de la cultura en la ciudad. 

Al mismo tiempo, el derecho a la participación se ejerce accediendo a la cultura legitimada, pero no solo así. Porque la “vida cultural” se nutre de las instituciones, pero no se acaba. Derecho a participar en la vida cultural “de la comunidad”, dice la Declaración. Si un evento cultural no tiene en cuenta a la persona en su comunidad, no podemos decir que esté impulsando los derechos culturales. Si un festival no tiene en cuenta las capacidades culturales de las personas, su agencia para vivir y transformar sus espacios de referencia, difícilmente podemos decir que fomente el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. La sostenibilidad cultural pasa por el impacto ambiental de un evento, pero también por sus efectos en términos de equidad y accesibilidad a una (o varias) comunidades. Sin duda esto incluye las condiciones laborales de las personas que trabajan en estos eventos, pero va más allá. 

2. El efecto naturalización

Llegamos al segundo malentendido: el efecto naturalización. Participar en un evento cultural es un derecho. No hacerlo, también. Pero si las condiciones de participación son notablemente desiguales, ¿podemos hablar de un ejercicio libre de este derecho? ¿Quien no participa es porque no quiere? Sabemos que en Barcelona, y en muchas otras ciudades, el código postal es más importante que el código genético. Para nuestra salud, para acceder a una vivienda y también para participar de la vida cultural de la comunidad. Un festival, por sí solo, no puede dar respuesta a las desiguales condiciones de vida y trabajo de las personas que habitan un territorio. Pero este festival, como cualquier política cultural, tiene un papel importante ante estas desigualdades. Evitar su reproducción como si se tratara de un efecto natural. 

3. El efecto déficit

Es momento de abordar el tercer malentendido: el efecto déficit. A veces, cuando un festival se pregunta por su público, acabamos hablando de lo que no hacen las personas. No vienen, no están preparadas, implicadas o abiertas a conocer nuevas experiencias. Como si a quienes llamamos “no-públicos” les faltara algo. Pero si hablamos de políticas públicas y derechos culturales, la manera como entendemos los problemas es fundamental. ¿Hasta qué punto es justo y riguroso definir el “problema” de la participación más como un déficit de las personas que de las instituciones? ¿Como indiferencia y no como crítica a la oferta de actividades? El problema de la desigualdad cultural es un problema para las personas, pero sobre todo es un problema de las instituciones.

4. El efecto apellido

Finalmente, el cuarto malentendido: el efecto apellido. Muchos festivales, proyectos y organizaciones han trabajado históricamente para favorecer el ejercicio de los derechos culturales. Sin decirlo explícitamente. Hoy corremos el riesgo de que pase lo contrario, es decir, de que toda política se autobautice como portadora del apellido “derechos culturales”. Promover el acceso sin agencia, la participación reducida a la visita, de forma segregada y sin ninguna transformación personal, comunitaria o institucional, no es una política de derechos culturales. 

Estamos ante un reto colectivo. El Parlamento de Cataluña puede aprobar una Ley de derechos culturales pronto. Si finalmente esto ocurre, habrá que desplegar una política estructural que garantice estos derechos. Los festivales públicos pueden ser un instrumento clave, verdaderos espacios de derechos culturales, de ejercicio del derecho a participar en la vida cultural de la ciudad.

Sobre los autores del artículo:

Nicolás Barbieri es profesor agregado de la Universitat Oberta de Catalunya, director del postgrado en Gestión de Eventos Culturales, Deportivos y Corporativos

Alba Colombo es catedrática de la Universitat Oberta de Catalunya, directora del máster de Gestión Cultural