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De hecho, a pesar de las diversificaciones que han adquirido las pautas de convivencia, las alteraciones en cuanto a preferencias familiares no son las que han provocado un contexto de baja natalidad. Algunas investigaciones presentan sólidas argumentaciones de cómo en los países occidentales se mantienen las mismas preferencias sobre fecundidad desde hace 30 años, en los que impera de manera mayoritaria “la norma de los dos hijos” (Sobotka y Beaujouan, 2014), y España no es ajena a esta expectativa. Según la encuesta de fecundidad de 2018, casi la mitad de las mujeres de entre 18 y 55 años manifiestan el deseo de tener dos hijos en total, y el porcentaje de mujeres que quieren tener tres hijos alcanza el 26,5%. Sumando estos grupos, el resultado es que casi tres de cada cuatro mujeres quieren tener al menos dos hijos; sin embargo, una de cada cinco mujeres tiene menos hijos de los deseados (es decir, el 21,1% de las mujeres en ese tramo de edad). Siguiendo los resultados de la citada encuesta, el recorte de las expectativas de las mujeres en el número de hijos se relaciona con aspectos económicos en un 19,9% de los casos, y con el trabajo y la conciliación en un 25,9%. De esta manera, el número final de hijos estaría influido, en primer lugar, por los límites y las oportunidades que ofrecen las políticas familiares de conciliación y, en segundo lugar, por los riesgos que implica para las parejas tener hijos al mismo tiempo que ambos tienen un trabajo remunerado y mantienen el modelo familiar de doble sustentador. Por eso, en países como el nuestro, en que los servicios de cuidados son muy limitados, hombres y mujeres (y, especialmente estas últimas), utilizan la estrategia de “doble sustentador/familia extensa” (Moreno, Ortega y Gamero-Burón, 2017), según la cual la organización doméstica se mantiene gracias a la colaboración de la red familiar en las tareas de cuidados mientras ambos cónyuges trabajan.

Ni disposición ni disponibilidad

Sin embargo, los efectos de la longevidad, combinados con los cambios reproductivos, están modificando las relaciones entre generaciones. La reducción de los miembros familiares hace que exista una menor disposición y disponibilidad de las familias para cuidar, situación que choca con las mayores necesidades de cuidado de los adultos mayores y a la que se añade la insuficiencia y fragmentación de los recursos. De ahí que la institucionalización educativa de niñas y niños a edades cada vez más tempranas y la contratación de empleadas de hogar para el cuidado de personas mayores haya ido en aumento en las últimas décadas (Martínez-Buján y Moré, 2021). Según la encuesta de condiciones de vida de 2016, el 43,7% de los menores de 3 años acuden a un centro de educación infantil. Si a comienzos de los años noventa en torno al 15% de los abuelos y abuelas declaraba participar en el cuidado de sus nietos y nietas (Meil, 2011), en el año 2010 este porcentaje alcanza el 35% (Imserso, 2010). En la actualidad, las abuelas y los abuelos desarrollan aproximadamente el 90% del cuidado diario cuando la madre o el padre no están disponibles (Meil, Rogero-García, Romerso-Balsas, 2018). Por otra parte, la contratación de empleadas de hogar se ha convertido en la principal vía de privatización de los cuidados de adultos mayores, y sus tareas están cada vez más especializadas en la atención al envejecimiento. La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas realizada en el año 2014 sobre cuidados a personas dependientes señala que el 30,1% de los hogares que contratan servicio doméstico lo hacen para realizar tareas de cuidados a personas. El porcentaje de mujeres migrantes entre estas trabajadoras es ya del 62,3%, y su presencia es más elevada en el régimen de interna, modalidad que también se ha revitalizado para el cuidado de las personas más frágiles (Díaz y Martínez-Buján, 2021).

Hace ya tiempo que se ha ido produciendo una relevante literatura científica y una contestación de los movimientos sociales feministas que demuestran que este modelo de cuidados —centrado básicamente en el trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares, con una escasa participación de los servicios sociales y con una creciente privatización a través del empleo doméstico— se encuentra en crisis. A más exigencias en el empleo, más precariedad, y a menor desarrollo de lo público y sus servicios, mayor saturación de las mujeres y más dificultades en los cuidados. El término crisis de cuidados (Pérez-Orozco, 2014) hace precisamente referencia a esa constante tensión entre el capital, el empleo y la reproducción humana y los límites que se plantean en su organización política. Esta crisis de cuidados expresa el colapso de la capacidad para cuidar de las mujeres y las familias y su repercusión en la sociedad. La respuesta de los hogares de clase media y alta ha sido la externalización del trabajo de cuidado, una demanda que en buena parte ha sido cubierta por mujeres de origen migrante, pero la mercantilización del cuidado no es una solución, porque incrementa las desigualdades socioeconómicas y no modifica los patrones de género.  Los sectores más vulnerables acumulan más problemas de salud y dependencias sin contar con la capacidad económica para recurrir al mercado.

La pandemia de COVID-19 ha visualizado más que nunca esta estratificación y ha reflejado cómo ni la mercantilización privada de la asistencia dentro de las familias ni las fórmulas públicas seguidas para su provisión estaban funcionando con eficacia. A modo de resumen, las dimensiones básicas que convendría tener en cuenta en toda posible reformulación de esta organización social del cuidado son: la escasa visibilidad y valoración social de los cuidados; la precariedad laboral de las personas empleadas en este sector; la dificultad de incorporar hombres a los trabajos de cuidados; la fragilidad del sistema residencial, que no ha podido evitar los contagios; la necesidad de reforzar los servicios de atención domiciliaria para dar respuesta al envejecimiento en casa como alternativa al recurso residencial, y las oportunidades que ofrecen las iniciativas comunitarias de apoyo mutuo.

Referencias bibliográficas
Díaz, M., y Martínez-Buján, R., “La recurrente marginación del sector del empleo del hogar y los cuidados: una difícil consecución de derechos laborales y sociales”. Gaceta Sindical, 36: 239-254 (2021).
Imserso, Encuesta mayores 2010. Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid, 2010.
Macarrón, A., “Falta el invierno demográfico en el manifiesto”. Expansión.com (25 noviembre 2010).
Macinnes, J., y Pérez-Díaz, J., “The reproductive revolution”. Sociological Review, 57: 262-284 (2009).
Martínez-Buján, R., y Moré, P., “Migraciones, trabajo de cuidados y riesgos sociales: las contradicciones del bienestar en el contexto de la COVID-19”. Migraciones, 53: 1-26 (2021).
Meil, G., Individualización y solidaridad familiar. Obra Social La Caixa, Barcelona, 2011.
Meil, G.; Rogero-García, J., y Romero-Balsas, P., “Grandparents’ role in Spanish families’ Work/life balance strategies”. Journal of Comparative Studies, 49 (2): 163-170 (2018).
Moreno, A.; Ortega, M., y Gamero-Burón, C., “Los modelos familiares en España: reflexionando sobre la ambivalencia familiar desde una aproximación teórica”, Revista Española de Sociología, 26 (2): 149-167 (2017).
Pérez-Orozco, A., Subversión feminista de la economía: aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Traficantes de Sueños, Madrid, 2014.
Sobotka, T.; Beaujouan, E., “Two is best? The persistence of a two-child family ideal in Europe”, Population and Development Review, 40 (3): 391-419 (2014).