La depuración franquista de los funcionarios municipales barceloneses

13 abril, 2018 | Barceloneses, Insólito, Tu Ayuntamiento

En 1939, una vez terminada la Guerra Civil, las nuevas autoridades franquistas llevaron a cabo un amplio y exhaustivo proceso de depuración de los funcionarios y de las personas que habían trabajado para la Administración, con el fin de asegurarse su control absoluto. No solo se depuró a cualquier persona que se hubiera significado en el bando republicano, sino también a todas las personas que se hubieran opuesto mínimamente, por acción u omisión, a los sublevados del 18 de julio de 1936.

En general, en Cataluña, a medida que el ejército franquista iba avanzando, en cada población donde entraban, los jefes militares en persona buscaban y elegían al nuevo equipo gestor de la Administración municipal entre las personas que se habían mostrado más adictas al nuevo régimen. Después era el alcalde quien escogía, entre los funcionarios municipales, a las personas que formarían parte del tribunal de depuración del personal que había trabajado en el Ayuntamiento hasta entonces. En Barcelona no fue exactamente así. El Ayuntamiento de la capital fue un caso excepcional.

La decisión de quién debía gestionar la ciudad una vez conquistada se tomó de una forma diferente al resto de poblaciones catalanas. Así lo explica Marc Gil Garrusta en el libro Barcelona al servei del Nuevo Estado: “El grupo de dirigentes que debería gestionar la Administración local franquista en Barcelona fue designado en Burgos por los dos principales dirigentes del régimen franquista: Francisco Franco y Ramón Serrano Suñer.” Es evidente que tener el control de la capital catalana era bastante importante para el nuevo régimen.

El hombre elegido como primer alcalde de la Barcelona franquista fue Miquel Mateu Pla, que, según explica Marc Gil en el libro citado, era “un destacado miembro de la burguesía catalana, hijo de Damià Mateu, dueño de la Hispano-Suiza, con extraordinarias credenciales antirrepublicanas: huido de Barcelona con el estallido de la Guerra Civil, sobrino de Pla Daniel (arzobispo primado de Toledo) y activo colaborador de la Secretaría de Franco en Burgos desde el inicio de la Guerra Civil”.

El proceso de depuración en Barcelona también fue diferente. Fue personalmente el jefe de la Auditoría de la IV Región Militar quien nombró a los miembros del tribunal de depuración, que eligió entre los miembros del cuerpo jurídico militar. De esta manera, los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona fueron los únicos funcionarios municipales catalanes que fueron depurados por un tribunal exclusivamente militar, en un proceso que se alargó casi dos años, entre marzo del 1939 y diciembre del 1940.

No se sabe muy bien cuál era el número de trabajadores que tenía el Ayuntamiento en enero del 1939, en el momento en que las tropas franquistas ocuparon la ciudad. Según algunos datos, en 1936 había casi 6.500 funcionarios, que se habían ampliado hasta cerca de 9.000 al final de la guerra. Hay que tener en cuenta que, en aquellos años, el Ayuntamiento había tenido que contratar a personal para suplir las bajas de las personas movilizadas en la frente. Estos datos son del todo inciertos, pero, en todo caso, en el Archivo Municipal Contemporáneo se conservan unos 7.100 expedientes de depuración. No están todos, se sabe que se han perdido algunos, pero el volumen es lo suficientemente grande como para considerar que los datos son bastante elocuentes y que el proceso de depuración afectó a un porcentaje muy elevado de los trabajadores municipales. De estos 7.100 expedientes abiertos, se derivaron 2.500 causas penales.

En cuanto al gran número de trabajadores municipales, hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona llegó a ser la segunda institución más importante del país, después del Gobierno del Estado, debido al gran nivel de competencias que tenía. De hecho, históricamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha asumido bastantes más competencias de las habituales en otras corporaciones municipales.

En general, se dieron tres tipos de casos según la situación de cada persona en un momento determinado del conflicto bélico. Los funcionarios que habían accedido a la Administración después del 18 de julio de 1936 fueron destituidos directamente. A las personas que ya trabajaban en el Ayuntamiento antes del 18 de julio y que no habían sido destituidas en la época republicana, se les abrió un expediente, y tenían que pasar por el proceso de depuración. Por otro lado, todo el mundo que hubiera sido destituido por la Administración republicana después del mes de julio del 1936 fue readmitido de forma inmediata. Así lo razona Gil Garrusta: “La readmisión inmediata de los funcionarios destituidos por el Ayuntamiento republicano no solo buscaba establecer la ilegitimidad de las decisiones del régimen anterior, sino también muscular el bando propio. No solo se trataba de arreglar una situación, percibida como injusta o espuria, sino también de ganarse la lealtad, si no era alcanzada de partida, de los beneficiarios de la restitución.”

El proceso de depuración se iniciaba con un par de formularios que la persona tenía que contestar y que tenían el carácter de “declaración jurada”, por lo que podían acarrear consecuencias si el tribunal entendía que se había faltado a la verdad. Las preguntas incluidas en los formularios perseguían probar la honradez y el grado de adicción al régimen de cada individuo, obtener un perfil personal y averiguar su ideología política y moral; asimismo, indagaban la posible participación en cuerpos militares o paramilitares del bando republicano o el lugar de procedencia, a fin de comprobar que el funcionario en cuestión no procediera de zonas que hubieran sido controladas por la República. También pretendían obtener información de terceras personas y provocar delaciones.

Marc Gil dice en el libro: “A menudo las acusaciones recogidas eran medias informaciones, rumores o maledicencias con voluntad de revancha e incluso contradictorias, y con un punto de incongruencia en un mismo proceso investigador.” Y añade: “La sola aparición de algún elemento punible en alguno de los varios informes emitidos era motivo suficiente para incoar un expediente, aunque el resto de informes emitieran un juicio positivo o neutro sobre el funcionario, o que el mismo informe aportara informaciones ambiguas sobre un mismo individuo.” Las causas penales abiertas contra funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona derivaron en 696 sanciones de diversa consideración y 928 destituciones

Pies de foto: Fiesta de confirmación. Acto religioso celebrado en julio del1939 en la plaza de Sant Jaume. | Desfile de tropas franquistas por la avenida Diagonal, el 22 de febrero de 1939. | Ramón Serrano Suñer, ministro de Gobernación, en el centro de la foto, en una visita al Ayuntamiento el 14 de junio de 1939. A la derecha, también en primer plano, el alcalde Miquel Mateu. | Cargos municipales y actores participantes en una función extraordinaria en el Teatro Novedades en beneficio de la Asociación de Empleados Municipales Rius i Taulet, el 16 de marzo de 1936. | El alcalde Miquel Mateu, en primer término y con traje oscuro, en la inauguración del Instituto de Medicina, el 17 de noviembre de 1941. | Milicias antifascistas de funcionarios del Ayuntamiento, el 31 de octubre de 1936. | Niños pertenecientes a las Flechas Navales —una sección de la Falange— desfilando por la plaza de Sant Jaume en noviembre del 1939. | Actuación de una coral femenina del Frente de Juventudes, en octubre del 1939. | Salida de una misa en recuerdo de los concejales muertos durante la Guerra Civil, celebrada en noviembre del 1939 en la capilla del cementerio de Montjuïc. Todas las fotografias son del fondo Pérez de Rozas del Archivo Fotográfico de Barcelona.